La suspensión temporal de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro fue motivo de crítica por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador al considerar que la resolución fue “veloz” y lo calificó de atender intereses de particulares y no de una nación.
En consecuencia, López Obrador envió el lunes 15 de marzo una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de que se investigue el fallo que se dio de “forma veloz” la suspensión de la reforma eléctrica.
“Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) velar porque puedan hacerlo con libertad y, del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadora se conduzcan con apego a la ley, con honestidad, honorabilidad y total imparcialidad.”, refirió Arturo Zaldívar en respuesta al Jefe del Ejecutivo, además, se indica que en caso de que sea procedente, se investigará el hecho.
El periodista Salvador García Soto indicó en su columna de opinión para El Universal que la respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte muestra que lo expresado por el presidente “si causaron molestia en el Poder Judicial por ‘linchar públicamente’ a un juzgador porque sus fallos afectan la aplicación de Ley de la Industria Eléctrica”.
Puntualizó que el motivo no es la queja del mandatario, porque él u otra personas podría no estar de acuerdo con la resolución de un juez, “y que puede realizar mediante una denuncia formal de su consejero jurídico ante el Consejo de la Judicatura”; sino el tono y la forma en la que mencionó lo ocurrido durante la conferencia matutina “donde López Obrador acusa, juzga, y sentencia al mismo tiempo, lo que molestó a las cúpulas judiciales del país”.
La primera acusación en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro fue en la conferencia matutina del 13 de marzo. El presidente aseveró que el juez actuó como un empleado de las empresas nacionales y extranjeras, por lo que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se revisara su actuación.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, dijo que el juez que decidió la suspensión provisiones “no tiene ni idea” del tema de competencia, la cual se rompe con la reforma, que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fue una de las razones por las que particulares promovieron amparos.
García Soto explicó que de acuerdo con funcionarios de Palacio Nacional, “López Obrador asegura que Gómez Fierro ‘lo ha centaveado’ para que falle a favor de las empresas”, porque según el presidente los jueces reciben “incentivos económicos”, aunque no es algo conozca con exactitud.
“Lo cierto es que López Obrador abrió fuego directo contra un juez federal y provocó que en todo el Poder Judicial y en los círculos jurídicos y académicos del país, se interpretaran sus acusaciones públicas como un intento de linchamiento y una intromisión del titular del Ejecutivo a las funciones y facultades de otro poder”, agregó.
Porque otra de las vías por la que pudo optar mandatario si tuviera pruebas de lo que ha dicho es interponer una denuncia ante el Judicatura Federal.
Lo sucedido en los últimos días en la conferencia matutina, comentó, tiene una intención política consecuencia de las próximas elecciones. El mensaje tiene dos objetivos: “su discurso de victimización y ataque de los “conservadores”, incluidos algunos jueces, que lo quieren dañar y frenar su transformación” y el otro lado está el descalificar al poder judicial y convencer que “él único poder honesto es el suyo. Veremos si López Obrador tiene algo real en contra del juez o si todo ha sido un blofeo perverso y autoritario”.
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