Estos son los riesgos de la producción industrial de la marihuana en México para el consumo lúdico

Ante la inminente legalización del uso lúdico de la marihuana en México, aún existen una serie de problemas y lagunas en materia legal para que la transición del marco ilegal al legal ocurra de manera óptima.

Ante este presupuesto, Infobae México entrevistó a Rafael Soler Suástegui, abogado especializado en obligaciones civiles, filosofía del derecho y refugiados, quien contestó a las inquietudes de la redacción en materia de producción en masa de esta hierba en el país y de las repercusiones sociales que intervendrían.

Infobae México solicitó una explicación a groso modo de las restricciones que existen en cuanto a la agroindustria para la producción masificada de la marihuana. Ante esto, el también profesor de la universidad La Salle explicó que por las condiciones del país, existe un gran potencial de explotación y que por lo tanto, cabe la posibilidad de que la semilla sea manipulada genéticamente.

Sin embargo, opinó que el sistema de licenciamiento para la producción debe de ser renovado periódicamente ante la posibilidad de que el producto final pueda contener químicos no propios de la marihuana como la nicotina y el alquitrán, mismos que sí provocan adicción severa. Ante esto cabe recordar que el factor adictivo del tetra hidro cannabinol (THC), sustancia activa de la planta, tiene un factor de adicción reducido.

En cuanto al método de producción, Infobae México planteó la posibilidad de los cultivos transgénicos de un solo ciclo; es decir, que la planta que se cultive no produzca semillas para continuar con la cosecha, de este modo, el agricultor quedaría atado al abasto monopólico del productor de las semillas.

A lo cual respondió que aún no hay nada establecido en materia de regulación y la autoría de dichas semillas debería de estar registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). “Hay variedades de vegetales, en este caso como la marihuana, que están protegidas por la ley. Existen cosechas que no se podrían dar sin la autorización del creador de esa variedad vegetal”.

En este caso, recordó que en México se vive una etapa temprana de legislación y que los huecos que no están resueltos es porque no se habían pensado, ya que se está trasladando un mercado ilegal a un plano legal.

Respecto a las posibilidades del mercado mundial, Soler Suástegui resaltó las condiciones propias de México, mismas que son idóneas para competir contra los gigantes productores del mundo como China; sin embargo, precisó que debería de establecer alianzas comerciales con otros países productores.

En materia de seguridad, el maestro Soler explicó que la legalización de la marihuana no representaría un daño significativo a las arcas de los narcotraficantes. Esto porque estimó que pasarían a compensar las pérdidas representadas por la marihuana con otras actividades. Ante esto se podría entender el fomento de opiáceos o de actividades como la extorsión.

La consecuencia que vislumbra, por parte del Estado, es que éste se flexibilice ante otras drogas, por ejemplo, mencionó la disposición de AMLO para promover algo en materia de amapola.

Bajo esa óptica, se le preguntó al investigador de La Salle sobre la posibilidad de extender una ley de amnistía a productores de marihuana, bajo el argumento de producción por coerción de los grupos dedicados a trasiego de drogas, a lo que contestó que eso si se está contemplando de manera latente, pero aún no hay nada contundente.

Finalmente, marcó diferencias entre el proceso y la visión de AMLO al respecto, pues si bien entendió que México puede ser un gran referente en la producción industrial de marihuana, Soler Suástegui está convencido de que para la óptima regulación, se debe de generar un instituto especializado capaz de afrontar el fenómeno complejo de la marihuana y no dejárselo todo al Instituto Nacional Contra las Adicciones.

“No soy muy afecto a generar burocracia, pero sí sería necesaria la creación de un instituto autónomo para la regulación de la marihuana. Una entidad específica que tenga las atribuciones correctas para poder tratar el tema. En este caso hay una negativa por parte del gobierno por una razón presupuestal”, cerró.

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