Juez ordena liberar a dos miembros de Los Zetas sentenciados por la masacre del Casino Royale que dejó 52 muertos en Monterrey

Un juez federal ordenó la libertad bajo protesta de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, según denunció el colectivo de víctimas del ataque al Casino Royale en Monterrey, atentado que dejó 52 muertos el 25 de agosto de 2011. La medida, vigente desde el 4 de octubre, corresponde únicamente a la causa penal 162/2011.

El colectivo de víctimas, encabezado por Samara Pérez, madre de una de las personas fallecidas, realizó una rueda de prensa este 8 de octubre para exigir que las autoridades aclararan los alcances de la resolución. Pérez señaló que no contaban con la resolución judicial ni con información sobre la autoridad que la dictó.

Según reportes de medios, el Tribunal Colegiado en Materia de Apelación que conoció la causa penal 162/2011 notificó la orden de libertad y giró la boleta correspondiente. El organismo solicitó al juzgado de origen que informara si Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron puestos en libertad, y en su caso, si señalaron algún domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones, o si permanecen internos por otras causas penales.

Hasta el momento no está confirmado que los dos sujetos estén libres. Montoya permanecía recluido en el penal federal número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila, mientras que Loera purgaba su condena en el Cefereso número 12, en Ocampo, Guanajuato.

El colectivo de víctimas exigió información individualizada sobre cada sentenciado

Samara Pérez declaró en la rueda de prensa que el colectivo no tenía “confirmación documental de si permanecen recluidos por otros procesos o si alguno ya salió en libertad”. En su declaración, exigió a las autoridades identificar la resolución de libertad, confirmar si ambas personas permanecen recluidas o si fueron liberadas, e informar de manera individualizada qué procesos, sentencias y órdenes de aprehensión corresponden a cada uno.

La vocera solicitó además que las autoridades explicaran qué actuaciones se realizaron respecto a la posible participación de ambos en el ataque al Casino Royale, y exigió garantizar condiciones de seguridad para las víctimas, sus familias y quienes los representan. “Ante la libertad reportada de estas personas, que sabemos que son de la delincuencia organizada, es un riesgo enorme estarlo señalando, y por ello exigimos una protección extremada a las familias, porque siempre hemos dado la cara”, afirmó Pérez.

El atentado contra el Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011 a las 15:48 horas, cuando al menos 10 personas llegaron al establecimiento en cuatro vehículos. Dos minutos después, tres de ellas descendieron de una camioneta negra con garrafones de combustible que vertieron en el interior; para las 15:51 horas el incendio ya se propagaba con intensidad.

El saldo fue de 52 personas muertas: 51 por intoxicación de monóxido de carbono y una calcinada, además de 11 personas lesionadas. Según el Patronato de Bomberos de Monterrey, la mayoría de los cuerpos se encontró en los servicios sanitarios del lugar y en un almacén.

Un dictamen pericial de la entonces PGR concluyó que el incendio se provocó al verter gasolina sobre máquinas tragamonedas, mobiliario y la alfombra del establecimiento. La comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó además que el inmueble no contaba con tomas de hidrantes, equipo contra incendios, aspersores ni red hidráulica interna, y que el gobierno de Nuevo León y el ayuntamiento de Monterrey fueron omisos al no entregar información sobre las medidas de protección civil vigentes antes del ataque.

El atentado se originó por una extorsión, según las confesiones de los primeros detenidos y declaraciones del entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Los propietarios del Casino Royale se negaron a pagar una cuota semanal de 130 mil pesos que Los Zetas exigían como “derecho de piso” para permitir la operación del establecimiento. Los primeros cinco detenidos confesaron haber participado en el ataque, aunque declararon que no buscaban causar muertes, sino únicamente intimidar a los dueños del negocio.

El inmueble donde funcionaba el Casino Royale fue demolido años después del ataque y el predio se transformó en una zona comercial. En 2024 se develó un memorial frente al lugar, con un muro que conserva los nombres de las 52 víctimas y de los dos bebés no nacidos, como homenaje a quienes murieron en el incendio.

Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron detenidos el mismo día en Monterrey

La extinta Policía Federal detuvo a Loera Rodríguez y Montoya Chávez el 4 de octubre de 2011 sobre la carretera Nacional México-Laredo, junto con Juan Antonio Meléndez Suárez, alias “El Chore”. Luis Cárdenas Palomino, entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la corporación y actualmente preso por tortura, identificó a Montoya Chávez como colaborador directo de Loera.

Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, exluchador profesional en Nuevo León, coordinaba a aproximadamente 40 vigilantes encargados de monitorear movimientos de autoridades y grupos rivales, según Cárdenas Palomino. Fue señalado como responsable de la vigilancia perimetral del Casino Royale mientras otros integrantes incendiaban el establecimiento. Por su parte, Montoya Chávez, alias “La Rana”, quedó identificado como encargado del resguardo y distribución de armamento entre células del grupo.

Tras la detención, las autoridades localizaron un domicilio en la colonia Luis Echeverría Norte, en Monterrey, donde aseguraron 15 armas largas, dos lanzagranadas, 192 cargadores, 2 mil 400 cartuchos, dos granadas de fragmentación, droga, vehículos, radios y teléfonos celulares. La extinta Procuraduría General de la República (PGR) había ofrecido entonces una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que condujera a la captura de los responsables del atentado.

Montoya Chávez no es el mismo “Rana” señalado como autor intelectual del atentado

El alias “La Rana” generó confusión porque lo compartieron dos integrantes distintos de Los Zetas vinculados al mismo caso. Carlos Oliva Castillo, también apodado “Comandante Rana” o simplemente como “La Rana” fue detenido el 13 de octubre de 2011 en Saltillo, Coahuila, por tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un operativo separado al de Montoya Chávez y Loera Rodríguez.

El entonces vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional y actual titular de la institución, Ricardo Trevilla Trejo, informó en rueda de prensa que Oliva Castillo ocupaba el tercer lugar en la estructura de mando de Los Zetas, solo por debajo de Heriberto Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”.

Las autoridades lo señalaron como quien ordenó a Francisco Medina Mejía, “El Quemado”, ejecutar el ataque. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR. Oliva Castillo nunca fue sentenciado por este caso: se acogió al programa de testigos protegidos de la entonces PGR, de acuerdo con un reporte de La Jornada de 2012.

En 2025 fueron sentenciado “El Voltaje” y “La Rana”

El 9 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia contra seis integrantes de Los Zetas vinculados al atentado. La resolución se obtuvo con elementos aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Baltasar Sauceda Estrada, alias “El Mataperros”, identificado como autor intelectual del ataque, recibió una condena de 135 años de prisión y una multa de 1 millón 264 mil 327 pesos por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en agravio de tres víctimas. En la misma causa, Loera Rodríguez y Montoya Chávez recibieron condenas de 15 años de prisión y multas de 370 mil 578 pesos cada uno, al igual que Luis Carlos Carrasco Espinoza, Hugo Fernando Rodríguez Castillo y Juan Norberto Estrada Valdez. Los seis fueron encontrados penalmente responsables de delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud y secuestro.