“No hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el gobierno”, fue la sentencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante las críticas que ha recibido el proyecto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que fue aprobado en lo general el día de ayer por la Cámara de Senadores.
Esto ocurre en el marco de las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que acusó que las modificaciones a la ley resultarán en una “expropiación indirecta de las plantas privadas”. Esto ya que el proyecto de ley pretende dar prioridad en el despacho a las plantas generadoras de electricidad que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Luego de asegurar que no se trata de una expropiación, el presidente agregó que su motivo para hacer esa aclaración es que sus “adversarios [...] no infundan miedo a los inversionistas”. En pasadas ocasiones el mandatario ha defendido el proyecto de ley que promovió en calidad de iniciativa preferente, asegurando que se trata de fortalecer a la empresa estatal que es la CFE, con el fin de defender la soberanía en materia energética.
Por otro lado, algunas de las críticas por parte de partidos políticos de oposición (e incluso de legisladores del Movimiento Regeneración Nacional que llevó a López Obrador a la presidencia), han señalado el retroceso en materia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable a los que está suscrito el país y que comprometen al gobierno a avanzar en materia de producción de energías limpias. Además, han señalado que la reforma resultará en un monopolio estatal en perjuicio de la competencia económica de las empresas privadas.
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México también es uno de los firmantes en el Acuerdo de París para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y agravan la crisis climática que se está viviendo. Mediante este convenio, México se comprometió a generar al menos un 35% de su energía eléctrica mediante fuentes limpias para el 2024.
Sin embargo, con los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, ahora las plantas viejas de la CFE podrán recibir Certificados de Energía Limpia, lo que va en contraposición con los ODD (que hablan de “mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles”) y el Acuerdo de París.
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López Obrador se comprometió a invertir en las plantas viejas de la CFE: “Ya voy a anunciar un plan de modernización de las hidroeléctricas, vamos a cambiar turbinas para producir más energía limpia, con menos costo, vamos a empezar con 14 hidroeléctricas”.
Las declaraciones del mandatario contrastan con un discurso que dio en el 2014 condenando la construcción de las termoeléctricas en Huexca, Morelos. En esa ocasión, Obrador sentenció que “Sólo a un loco se le ocurriría construir una termoeléctrica en la tierra de Zapata”.
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Tiempo después, ya como presidente, López Obrador se volvió a dirigir a las mismas personas que alentó en 2014 para llamarlos “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores” ante los reclamos de las comunidades durante un mitin organizado con el fin de promover la llamada “Consulta Popular” del 2019 para decidir si se le daría continuidad al Proyecto Integral Morelos (PIM).
Las comunidades indígenas que conforman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala (FDPTA-MPT) llevan casi una década de lucha en contra de la instalación de dos termoeléctricas de la CFE en sus territorios.
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Ambas termoeléctricas forman parte del PIM que incluye también un gasoducto que pasará por las faldas del volcán Popocatépetl (a veces a menos de 200 metros de viviendas), y un acueducto que llevará agua la cuenca del Río Cuautla a las termoeléctricas para su funcionamiento.
El FDPTA-MPT ha logrado interponer una decena de amparos como parte de sus esfuerzos para detener las obras. Entre los reclamos expresados están las afectaciones ambientales y a la salud de las y los pobladores cercanos a las termoeléctricas.
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Samantha César del FDPTA-MPT, en entrevista con Infobae México, explica que uno de los resultados de la implementación de una termoeléctrica como la de Huexca es el incremento de la temperatura en el agua que se regresa a las afluentes naturales del vital líquido. Esto no sólo provocará una afectación en la fauna que habita esas afluentes, sino que también afectará a la actividad agrícola que sostiene a varias de las familias del municipio.
El pasado 20 de febrero se conmemoraron los 2 años del asesinato de Samir Flores, activista ambiental, miembro del FDPTA-MPT y uno de los fundadores de la radio comunitaria Amlitzinko donde informaba a sobre los daños del PIM a la vez que amenizaba las mañanas de sus vecinos y vecinas con música y su particular estilo de locución.
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El homicidio de Samir ocurrió a tres días de la Consulta Popular del 2019, por lo que las comunidades en lucha pidieron que se suspendieran las votaciones. A pesar de eso, la consulta de AMLO se llevó a cabo y terminó con un 59.5% de los votos a favor del sí y 40.1% por el no. Según datos oficiales, en total participaron 55 mil 715 personas; sin embargo, en los municipios de Morelos donde atraviesa el megaproyecto fue donde menos participación hubo, esto ante las acciones de resistencia y rechazo que llevaron a cerrar 11 casillas el primer día y siete el segundo.
A 2 años de su asesinato, el caso de Samir Flores continúa impune.
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Con información de EFE.
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