Mario Marín se reservó su derecho a declarar en su audiencia; le negaron arraigo domiciliario

El ex gobernador de Puebla (2005-2011), Mario Marín Torres, mejor conocido como El Góber Precioso compareció la tarde de este jueves ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún, Quintana Roo.

Durante la audiencia, el priista conoció formalmente la acusación que presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Sin embargo, Marín Torres se reservó su derecho a declarar y su defensa, Gerardo Vázquez Morales, solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica, de acuerdo con los reportes de la organización Artículo 19.

Además, el imputado solicitó seguir su proceso en arraigo domiciliario, alegando padecer una supuesta enfermedad del riñón, el peligro de contagio de COVID-19 en el Cereso de Cancún y su edad avanzada, pero esa petición le fue denegada por el juez.

Cabe señalar que el delito del que está acusado el ex mandatario está tipificado como grave y no alcanza libertad bajo fianza. En este sentido, Marín podría enfrentar hasta 12 años de prisión por el delito que se le imputa, declaró esta mañana Araceli Andrade, abogada de Lydia Cacho.

El “Góber Precioso” fue detenido este 3 de febrero por agentes de la FGR en la casa de su hermana, ubicada en el Puerto de Acapulco, Guerrero. Por la noche fue trasladado a Cancún, donde arribó cerca de las 00:30 horas de este jueves.

Al respecto, la periodista que vive desde hace algunos años fuera de México, celebró en su cuenta de Twitter su captura, señalando que llevaba 14 años buscando justicia:

Sin embargo, horas más tarde en entrevista para W Radio, Lydia puntualizó que “el costo de decir la verdad en México es elevadísimo”. Y es que agosto de 2019 salió del país después de que dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible.

Además, señaló que el encarcelamiento de Marín Torres podría significar un riesgo si regresa:

Involucrado en una red de pornografía y prostitución infantil

En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subsretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y el empresario textilero Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.

Meses después de su publicación, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. Este procedimiento se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo y la llevaron desde Puebla vía terrestre

Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.

Incluso, detalló haber sido encerrada en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 17 de diciembre de ese año la periodista salió libre, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.

No obstante, en febrero de 2006, se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaron la confabulación entre ambos para la detención de Lydia.

A pesar de lo anterior, en noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, en una votación dividida, que no hubo violaciones graves contra Cacho.

Cacho mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años, hasta que, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a lo que antes había determinado la SCJN.

En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró cuatro órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif, Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado, por los actos de tortura cometidos contra la defensora de derechos humanos.

Un mes después, Marín Torres contaba con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado por la justicia en más de 190 países.

Pese a los señalamientos de tortura que persisten desde hace más de una década, Marín aún mantiene vigentes sus derechos partidistas en el PRI, instituto político que había puesto en duda la orden de aprehensión y argumentado que el exgobernador estaba de vacaciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: