El Instituto Nacional de Migración (INM) separó de su cargo a ocho funcionarios de la Oficina de Representación de Nuevo León. Con ello, ya suman 20 servidores públicos luego de que 12 miembros de la policía estatal fueran detenidos por su presunta responsabilidad en el crimen.
De acuerdo con un comunicado del INM, las personas habrían incumplido el seguimiento y los protocolos de aseguramiento de un vehículo ligado a la masacre de 19 personas migrantes en Camargo, Tamaulipas.
Como lo indica el documento, la camioneta calcinada y con impactos de bala, en la cual viajaban las personas migrantes, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, hallada el 22 de enero en un camino vecinal en Camargo, habría sido detenida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en diciembre de 2020.
Sin embargo, “derivado de la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta Toyota que se encontró durante la identificación de persona migrantes irregulares en el municipio de Escobedo”, la unidad habría sido liberada y, de acuerdo con la indagatoria iniciada por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, utilizada por parte de grupos del crimen organizado.
Aunado a la decisión, el INM dio vista al Órgano Interno de Control (OIC). De igual forma presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México “para los efectos legales a los que haya lugar”.
El suceso sobre la supuesta omisión de los funcionarios del INM, fue difundido en días previos. De hecho, durante la conferencia de prensa matutina del 1 de febrero de 2021, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo tener conocimiento de la situación y anunció la indagatoria.
“Efectivamente tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento de que el Instituto Nacional de Migración podría haberla tenido retenida, que fue la camioneta en la que pudo estar relacionada con los hechos, pero todo esto está investigándose”, aseguró.
Además, afirmó que las investigaciones se realizarían con el objetivo de determinar o deslindar la responsabilidad de algún funcionario. En ese sentido dijo ”Vamos a investigar estos hechos de cómo o por qué el Instituto Nacional de Migración tenía esta camioneta y si hay o no una responsabilidad de un servidor público”.
Policías estatales ligados a la masacre en Camargo
El 22 de enero una llamada anónima alertó a las autoridades ante la presencia de dos camionetas abandonadas e incendiadas a la orilla de un camino en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Al arribar, confirmaron la presencia de 19 cuerpos calcinados. De acuerdo con los primeros informes, habrían sido migrantes procedentes de Guatemala y en busca de llegar a Estados Unidos.
Derivado de las primeras investigaciones, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó en una conferencia de prensa el 2 de febrero, sobre la posible participación de 12 policías estatales en el homicidio. Así, los miembros de los cuerpos de seguridad habrían cometido los delitos de abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas, homicidio calificado y falsedad de informes presentados ante una autoridad.
Luego de las inconsistencias en los hallazgos de la investigación contra de las declaraciones y reportes de los policías, jueces federales también ordenaron la revisión de mensajes y llamadas, así como la geolocalización de sus dispositivos móviles registrada la noche de la masacre.
Además, el fiscal afirmó la participación de dos grupos del crimen organizado que se disputan el control de la región para lograr el tráfico de personas hacia el país del norte.
Por su parte, el gobierno de Guatemala, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su cooperación para la identificación de los cuerpos de las personas calcinadas, así como la exigencia en el esclarecimiento del crimen.
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