La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que un juez vinculó a proceso a Francisco Alejandro “N”, ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), detenido el sábado 26 de diciembre en Acapulco, Guerrero.
Mediante un comunicado, la FGJCDMX dijo que el juez calificó como legal el cumplimento de la orden de aprehensión y fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y se estableció el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La fiscalía confirmó que Francisco Alejandro “N” autorizó una obra irregular en 2017, cuando se desempeñaba como funcionario público del gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con la indagatoria, presuntamente emitió un dictamen con el que se permitió “la construcción de nueve niveles de estacionamiento sobre nivel banqueta”, los cuales eran adicionales a los 21 habitacionales autorizados, “sin que fueran cuantificables para el potencial constructivo”.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga a la administración del exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y a varios de sus funcionarios, por diversos delitos.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una denuncia contra un grupo de personas vinculadas al político perredista.
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, informó que se analizaron 174 polígonos de actuación autorizados entre 2017 y 2018, y se encontraron inconsistencias en 48. Es decir, del total de construcciones inmobiliarias de la metrópoli, en 27% había anomalías como falta de permisos o violación a las normas.
Los responsables de las construcciones se habrían beneficiado económicamente al edificar más viviendas de las permitidas o al hacerlo en sitios donde el uso de suelo original era distinto, ignorano las autorizaciones necesarias. Derivado de la investigación se cancelaron proyectos y se giró una orden de aprehensión contra Felipe de Jesús Gutiérrez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital del país y quien es acusado por uso ilegal de atribuciones y facultades.
Según la denuncia actual, otros cuatro notarios habrían ayudado al otorgamiento de permisos. Los acusados, pertenecientes a las notarías 215 y 244 se habrían visto beneficiados con predios, propiedades y cambios de uso de suelo, informó el diario El Universal, basados en documentos de la UIF. Además, a su grupo están sumados los representantes legales de las desarrolladoras Baita y Dekah, allegados a Miguel Ángel Mancera.
Se trata de los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera, de acuerdo con el periodista Kevin Ruiz. Además, involucró también al notario 215 Uriel Oliva Sánchez.
Dentro de la acusación, también destaca el ex coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, Fusto Ernesto Galván Escobar, quien fue nombrado dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico por Miguel Ángel Mancera; además de la pareja de Galván, María Vanessa Arroniz Sehedi.
Otro de los exfuncionarios capitalinos investigados es Raymundo Collins, ex secretario de Seguridad del gobierno local. El 5 de noviembre, las autoridades capitalinas catearon el domicilio de Collins Flores, ubicado en la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la capital.
Por último, estarían involucrados el abogado Fabio de la Peña Colonna, Diana Marcela Carrillo Liceaga y Rafael Mendoza.
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