El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que, en 2020, recibieron 461 quejas por actos de discriminación vinculados al COVID-19. La entidad con más quejas es la Ciudad de México, con 166 denuncias.
A esta entidad le siguen el Estado de México, con 58 denuncias, Veracruz (22), Jalisco (18), Guanajuato y Nuevo León (con 17 cada una). En cuanto al sexo de las víctimas, las agresiones están distribuidas de forma proporcional, 244 mujeres y 215 hombres sufrieron algún tipo de discriminación.
Al principio de la crisis sanitaria, muchas de las personas que denunciaron ser víctimas de discriminación fueron, en su mayoría, trabajadores del sector salud. Entre las primeras quejas, abundaron agresiones como expulsión de transporte público y de establecimientos. Las personas veían al personal sanitario como un riesgo de infección.
Una situación similar ocurrió con las personas con rasgos físicos de Asia Oriental que, al principio de la crisis fueron señalados como responsables por la misma y como portadores del virus de forma prejuiciosa.
En el último informe, Conapred enlistó más oficios, grupos de población y ocupaciones discriminadas. Desde adultos mayores y mujeres embarazadas hasta personas en reclusión.
Uno de los casos más destacados de discriminación vinculada a la crisis sanitaria es el de Grupo Elektra. Varios empleados de la empresa denunciaron que sus gerentes los obligaron a ir a trabajar aun cuando eran personas en condición de riesgo por edad o por padecer alguna comorbilidad. Sus patrones los amenazaron con despedirlos si no cumplían con la jornada de trabajo.
En mayo, el consejo publicó el informe “Diez preguntas frecuentes sobre la discriminación y COVID-19”. Ahí, el organismo de la Secretaría de Gobernación explicó qué tipo de situaciones sí califican como discriminación en el marco de la epidemia.
Algunas medidas de prevención, como tomar distancia, no son discriminatorias, pero, actitudes de rechazo injustificado sí están fuera de lugar. “La discriminación basada en la condición de salud está prohibida. Una persona portadora del virus o con síntomas debe mantener sus derechos laborales, acceso a la salud y seguridad social, así como alternativas educativas y de acceso a la justicia mientras dura la emergencia”, describe el informe.
Además, el informe propone que la distancia social y otras medidas de prevención deberían ser tomadas como catalizadores de acción comunitaria y no como excusas para polarizar a la sociedad.
“Las personas enfrentan la situación de manera diferente dadas sus condiciones sociales y trayectorias de vida. Por ello es importante tener conciencia de las medidas de prevención y autocuidado para identificar sus necesidades particulares”, explica el texto.
Finalmente, hace una distinción entre las medidas sanitarias que un establecimiento necesita tener por ley y la exclusión que pudiera hacer bajo la excusa de protección. No es lo mismo pedir el acceso con cubrebocas, la desinfección de manos y la toma de temperatura que negar el acceso a una persona, por ejemplo, por formar parte de un grupo de riesgo bajo el argumento de protegerlos.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación “está facultado para conocer de actos de discriminación por parte de autoridades federales o particulares. También, para dictar medidas cautelares en casos graves y/o urgentes”.
El contacto de la institución por vía telefónica es 55 52 62 14 90 o 800 543 0033, por correo electrónico, quejas@conapred.org.mx, y, a través de su página de internet, conapred.org.mx.
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