Escarbar con las manos en tiempos de desaparecidos: México termina una década de lucha contra la violencia que ha dejado millones de lugares vacíos en las familias

Karla Quintana (originaria de Mazatán, Sinaloa) sabía en qué se metía cuando aceptó encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México para arrojar una nueva mirada a los casos de mexicanos sin identificar en el país.

Al fin y al cabo, esta abogada lleva 20 de sus 41 años trabajando en la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y a familiares de desaparecidos . Junto con 85 personas, Quintana empezó en 2019 a analizar in situ la actuación de los grupos criminales en una tragedia que ha sacudido a México: las desapariciones forzadas.

Entre los más crueles y atroces crímenes en México este crimen es el primero. Como es sabido, desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) desató la guerra contra el narco, los casos de desaparición se empezaron a contar por cientos, miles y decenas de miles.

La pesadilla iniciada por el ex panista continuó durante el sexenio de su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018) y perdura en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

México Evalúa publicó un informe que recoge la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de la delincuencia organizada.

La organización documenta 73,742 víctimas, que fueron presuntamente privadas de libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos desde 1964 a la fecha. De estos casos, la mayoría se encuentra en el estado de Tamaulipas (al norte de México). El análisis añade tres entidades más: Jalisco, Sinaloa y Colima.

Durante un seminario, Chrístel Rosales, investigadora Senior del programa de Justicia, indicó que las cifras escapan de toda lógica.

Tamaulipas, gobernada por el panista Javier García Cabeza de Vaca, contó 11,035 personas no localizadas; seguida por Jalisco con 10,245; Sinaloa que registra 4,834 personas desaparecidas; finalmente Chihuahua con 4,173; y Colima, con 1,238.

“La desaparición –sea cometida por fuerzas del estado o por particulares– es considerada una violación grave de derechos humanos y un delito continuo, al implicar el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares”, refirió la organización en una mesa de análisis titulada Punto por Punto, Investigación criminal: un plan para que 70,000 personas vuelvan a casa.

Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, reconoció que algunas entidades se esfuerzan por atender la problemática, pero ningún estado de la república cuenta con una coordinación efectiva entre la búsqueda de personas desaparecidas por parte de las comisiones, ni en la persecución del delito por parte de las fiscalías.

En 2006, cuando comenzó la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y se inició una guerra abierta contra la delincuencia, se encontaron 3,978 fosas clandestinas donde han sido exhumados 6,625 cuerpos.

Los estados que registran mayor número de fosas son Veracruz , Sinaloa, Colima, Guerrero y Sonora, que en conjunto suman el 57 por ciento de las fosas de todo el país.

En el año actual, la Comisión Nacional de Búsqueda ha participado en 50 acciones indagatorias en 21 entidades del país a pesar de la emergencia sanitaria, principalmente en las regiones de Guerrero, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas.

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