El 15 de diciembre, la organización de la sociedad civil Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) publicó el informe “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”.
De acuerdo con las organizaciones firmantes (también participaron el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) el acuerdo de retención migratoria en la frontera con Estados Unidos convierte al gobierno mexicano en cómplice de las violaciones a los derechos de los migrantes en la zona.
El programa comenzó en enero de 2019 bajo el nombre Migration Protection Protocols. Es una política que obliga a los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos a permanecer en México mientras la administración norteamericana resuelve su condición migratoria. Los solicitantes están concentrados en comunidades dentro de las ciudades fronterizas.
Así como el Plan Frontera Sur, que firmó el gobierno de Enrique Peña Nieto con Barack Obama, el Programa “Quédate en México”, firmado por la administración de López Obrador y por la de Donald Trump, convierte al país en una extensión de la frontera sur, la frontera del muro. Como un malecón que rompe el avance de las caravanas migrantes.
El informe de FJEDD argumenta que el programa “es manifiestamente contrario a la Constitución mexicana, a la ley interna y al Derecho Internacional, pues pone en riesgo la integridad, la vida y salud de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
La investigación recopila testimonios y evidencias de las múltiples formas en las que los dos gobiernos ponen en riesgo a las personas migrantes. En primer lugar, los solicitantes carecen de apoyos económicos, alimenticios, sanitarios o educativos para sostener su espera de forma digna.
En segundo lugar, sin asesoría legal y sin infraestructura que los proteja, los migrantes, la mayoría centroamericanos, son vulnerables a violencia que domina la zona. Los victimarios no sólo son miembros del crimen organizado, sino que muchas veces, las agresiones provienen de las autoridades mexicanas. La situación de violencia en sus países de origen es la razón por la que muchos de los migrantes se arriesgaron a viajar hasta Estados Unidos.
Finalmente, la pandemia del coronavirus ha agravado aun más estas condiciones adversas. Las personas que esperan en territorio mexicano no tienen acceso a atención sanitaria, a pruebas de detección de contagios ni a hospitales. Además, el gobierno estadounidense pospuso indefinidamente todas las audiencias de asilo, por lo que tampoco tienen acceso a esa oportunidad.
Además, las personas varadas en México son las personas que ya llegaron a la frontera y fueron devueltas. Para llegar ahí, debieron entrar al país por la frontera sur, donde la Guardia Nacional controla los ingresos con lujo de fuerza, y recorrer el territorio nacional controlado por los grupos del crimen organizado o por las Fuerzas Armadas.
“Este contexto militarizado ha ocasionado una mayor desprotección de la población migrante y solicitante de asilo -en especial quienes pertenecen a grupos en vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres y pueblos indígenas y afrodescendientes- frente a las actuaciones de los elementos militares”, escribe el informe.
Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores firmó el acuerdo, el presidente López Obrador prometió que la medida era una decisión humanitaria y que su administración daría permisos de estancia, oportunidades laborales y acceso a salud y educación a los aspirantes. Casi dos años después, esas promesas siguen pendientes.
A la fecha, 68 mil 430 personas están sujetas al programa. El 92 por ciento son personas que no cuentan con representación legal.
Según el monitoreo de Human Rights First (HRF), de ese total, mil 114 personas han sido víctimas de violación sexual, secuestros, extorsión, tortura y asesinato, 256 son menores de edad.
A partir de abril, cuando la pandemia fue declarada, 3 mil 450 personas fueron sujetas al programa.
El presidente electo Joe Biden prometió desmantelar el programa en los primeros 100 días de su gobierno, el informe le pide que cumpla.
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