El ex comandante de la Policía Ministerial, José Montaño Quiroz, quien fue sentenciado a pasar 5 años de prisión y tres meses por su participación en los casos de tortura contra la periodista Lydia Cacho, según determinó el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, salió en libertad el pasado 8 de diciembre.
El ex oficial cumplió con la sentencia de cinco años y tres meses de prisión que se le dictó para que cumpliera en un centro penitenciario de Quintana Roo, misma que terminó el 8 de diciembre.
Fue en el 2014 cuando se logró la detención de Montaño Quiroz, siendo el primer detenido por el caso de Lydia Cacho, toda vez que fue el encargado de organizar el operativo para detener a la periodista.
A pesar de que José Montaño fue detenido en el 2014, no fue hasta el 2017 que un juez federal dictó una condena sobre su participación en los agravios en contra de Cacho Ribeiro.
De acuerdo con las declaraciones de la propia Lydia Cacho, fue torturada de diversas maneras durante 20 horas en el trayecto de Quintana Roo a Puebla, hecho que generó las denuncias en contra de múltiples personajes, entre ellos el ‘Góber Precioso’, Mario Marín Torres.
“Durante 20 horas de camino de Cancún a Puebla, los judiciales se dedicaron a amenazarme, me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez me metieron a la cárcel, tenía las advertencias de que iba a ser violada”, relató la periodista,
El pasado viernes se dio a conocer que se emitieron nuevas órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador Mario Marín Torres, del empresario textilero Kamel Nacif y Adolfo Karam.
Las órdenes habían sido giradas el 11 de abril de 2019, sin embargo, habían sido canceladas en noviembre, debido a que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, Quintana Roo, confirmara que el Segundo Tribunal Unitario les había entregado un amparo.
Ante esta situación, la magistrada del Primer Tribunal Unitario, María Elena Suárez Préstamo —quien fue descrita como “valiente” por Cacho—, volvió a revisar el caso y determinó que se debían girar las órdenes de captura en su contra de nueva cuenta. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) debe asumir la responsabilidad de localizar y detener a a Marín, Nacif y Karam.
En 2005, Lydia Cacho expuso en su libro Los demonios del Edén que Kamel Nacif, Mario Marín y Hugo Karam eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.
Meses después de su publicación, en diciembre, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. Este procedimiento se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo y la llevaron a Puebla vía terrestre
Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.
Declaró haber sido encerrada en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio. El 17 de diciembre salió libre a las 15:00 horas, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo.
Un par de meses después, en febrero de 2006, se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaban la confabulación entre ambos para la detención de Lydia Cacho.
Derivado de estos hechos se inició una investigación judicial por los actos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, el asunto se mantuvo sin ninguna persona procesada ni verdad o reparación. Casi diez años después, Artículo 19 presentó junto con la periodista una petición al Comité de Derechos Humanos de la ONU para revisar el caso por la inactividad del Estado mexicano.
En diciembre de 2014, dos meses después de presentar la comunicación ante Naciones Unidas, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra dos policías judiciales del estado de Puebla que perpetraron directamente la tortura y por órdenes de sus superiores.
Por su parte, Marín Nacif y Karam se mantienen como prófugos, aunque la FGR dio a conocer en julio pasado que Nacif había sido ubicado en Líbano y también se pidió su extradición.
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