El sexenio del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido señalado por las constantes irregularidades que existieron en la gestión. Recientemente se dio a conocer otro de ellos que implicaría a la Policía Federal en un desvío de recursos por 40 millones de dólares, es decir, 774 millones de pesos.
Esto se habría llevado a cabo por medio de dos proveedores de la dependencia cuyos nombres, de acuerdo con El País y Univisión, son Servicios Esrome y la Comercializadora Dizoal. Estas empresas habrían usado el dinero de sus contratos para enviarlo a otras compañías, la mayoría ubicadas en México.
Los acuerdos hechos con la Policía Federal serían para adquirir sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación descubrió el esquema y habría presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el periodista Pablo Ferri, las sospechas sobre las irregularidades comenzaron a presentarse en 2019, año en el que la Policía Federal fue señalada por primera vez por una presunta “partida secreta” en la que se gastaron 52,750 millones de pesos en el presupuesto de Gastos de Seguridad Pública.
Los contratos habrían sido firmados durante el segundo trimestre del 2018, cuando la Secretaría de Gobernación se encontraba a cargo de la corporación. En ese momento, el titular de la dependencia era Alfonso Navarrete, mientras que el comisionado de seguridad nacional era Renato Sales.
Así, el diario español señaló que el comisionado habría avalado los fondos que luego fueron firmados por dichos proveedores. Del total del dinero de los contratos 571 millones habrían sido transferidos a Servicios Profesionales Odell y Publicidad Global Soferxa.
Dizoal habría entablado el acuerdo con la División Científica de la Policía Federal para obtener una “una solución integral de inteligencia de monitoreo de redes sociales”. El pago ascendería hasta los 499 millones de pesos por licencias de programas de cómputo, equipos, servidores para monitorear redes sociales, entre otras cosas.
Servicios Esrome, el otro presunto proveedor habría incurrido en algo similar. Esta vez fueron dos los contratos firmados con la Policía en 2018, uno con la División de Inteligencia por 102 millones de pesos y el otro con la División de Investigación, por 172 millones.
En este caso se buscaba obtener el sistema LYNXS y la dependencia federal transmitió 172 millones. En el segundo de los contratos se obtendría el sistema israelí GUARDIAN UNIFIED.
En octubre del 2020 se dio a conocer también la existencia de una serie de contratos millonarios que se habrían realizado por la dependencia para hacerse de material de espionaje.
La investigación periodística revela que las dos empresas están registradas a nombre de ciudadanos de escasos recursos que habitan a unos kilómetros de distancia del otro en el municipio de Naucalpan en el Estado de México.
Los supuestos dueños de las compañías son Alberta Manzano y José García. Ella es una trabajadora doméstica jubilada de 65 años y es “dueña” de Servicios Esrome, empresa que firmó un contrato de USD 15 millones con la Policía Federal. Él es un carpintero de 74 años y “fundador” de Comercializadora Dizoal, que vendió 25 millones 500 mil dólares en productos de espionaje a la dependencia. Ninguno de los dos sabe nada de ninguna empresa.
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