La siguiente historia fue traída a la mesa por el periodista Pablo Ferri a través del podcast La Lista.
¿Pudo Francisco Soto, un subteniente del Ejército Mexicano en el 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, estar vinculado con el cártel de Los Zetas? Todo aquel que lo conoce respondería que no, menos la justicia mexicana que lo condenó a 26 años de prisión.
Hace casi 10 años, el militar Soto fue detenido en su cuartel en Saltillo, Coahuila. Soto vivía en los departamentos del centro militar con su esposa e hija. Entre otras labores, Soto cuidaba de los perros del batallón, “binomios canófilos”.
Fue un 13 de septiembre de 2011 cuando su comandante le llamó temprano y le pidió que fuera al batallón. Esa mañana, Soto descansaba, pero obedeció. Fueron 15 militares en total a quienes llamaron. A todos les dio la misma excusa: elegir su turno de vacaciones.
En el sitio, policías judiciales ya los esperaban para detenerlos. Soto y los demás no imaginaron que los acusarían de colaborar con el cártel de Los Zetas.
En 2011, la violencia arreció en Saltillo, Coahuila. La disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo “ensució” a la que se consideraba una ciudad relativamente tranquila.
Los enfrentamientos y las balaceras eran el pan de cada día. Una semana antes de su detención, Soto y los otros soldados se habían enfrentado a un grupo de criminales en Saltillo, fueron ellos, en particular uno apodado el “Guacho”, que entregaron una “lista” donde recogían los nombres de los supuestos militares en la nómina del cártel de la última letra.
Con la lista y el testimonio de aquel criminal, policías detuvieron a Soto y los demás y los torturaron durante días. Su intención era que los miembros del ejército confesaron su supuesta complicidad. Luego fueron enviados a la fiscalía de delincuencia organizada y de ahí a prisión, de donde nunca han salido.
El juicio, en 2017, contra Soto y sus compañeros fue presidido por un tribunal castrense, en él se declaró culpable de delitos contra la salud: 26 años de cárcel, sin presunción de inocencia, esa que el general Cienfuegos Zepeda, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, ha tenido derecho desde su llegada a México.
Sólo durante 34 días, las autoridades estadounidenses lograron retener al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado por la fiscalía de aquel país de narcotráfico y lavado de dinero.
Los estadounidenses llevaban años integrando un expediente que, sostienen, era lo suficientemente sólido para llevar al militar ante un juez. Lo hicieron así el pasado 15 de octubre, tras detenerlo en el aeropuerto de Los Ángeles, California (EEUU).
Sin embargo, el gobierno de EEUU hizo un balance de intereses y “mansamente” liberó a Cienfuegos Zepeda. La orden llegó desde el más alto nivel: el fiscal general, William Barr, propuso desestimar los cargos en su contra.
Resueltos los trámites de liberación, el ex Jefe militar fue trasladado a un aeropuerto y en un vuelo privado regresó a México. Aquí los procedimientos fueron breves, y se le notificó sobre la existencia de una investigación en la que se encuentra involucrado. Después de la bomba mediática, Cienfuegos se retiró
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