El pasado 9 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República detuvieron a Sergio “S” y Carla “R”, que eran directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social en junio de 2009, cuando el incendio de la Guardería ABC provocó la muerte de 49 menores e hirió a otras tantas personas. Este martes, el juez dictó la vinculación a proceso de los imputados y ordenó prisión preventiva para ambos.
La detención fue producto de una orden de aprehensión dictada por el Juez Federal de Control de Hermosillo, Sonora. Desde el 25 de febrero de 2020, el IMSS presentó la denuncia en contra de estos ex funcionarios que fungían como director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.
La denuncia estuvo motivada por las diversas acusaciones de impunidad para altos mandos del gobierno federal que, con los años, han recibido la Procuraduría General de la República y luego la Fiscalía. En 2009, después del incendio, la PGR inició acciones penales contra 22 personas involucradas, ninguna de ellas tenía un cargo relevante o de alto nivel. Ante esto, la sociedad civil acusó a las autoridades federales de iniciar una serie de juicios expiatorios.
El 7 de agosto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos admitió el caso para su investigación a fondo.
“Como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la CIDH. El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible. Ahora la CIDH conocerá el fondo del caso -es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano- con lo cual las familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición”, explicó un comunicado de prensa emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ambos sucesos (la vinculación a proceso de los altos funcionarios y el reconocimiento de la CIDH), 11 años después del crimen, han significado una revalidación para la comunidad de padres de las víctimas. Desde el 5 de junio de 2009, ellos han denunciado que fue la negligencia de las autoridades la que mató a sus hijos e hijas.
El hecho comenzó cuando una bodega de papel con la que el recinto compartía paredes entró en llamas. El fuego atravesó hacia la guardería. Además de los que murieron, hubo también más de 100 lesionados. Todos ellos quedaron encerrados en el interior del lugar porque las puertas abrían hacia adentro.
En ese momento, el presidente Felipe Calderón Hinojosa estuvo involucrado en el caso debido a que una de las cuatro propietarios de la guardería era Marcela Gómez del Campo, prima de su esposa, Margarita Zavala.
Cada año desde entonces, los padres de los menores fallecidos salen a marchar para exigir justicia por la muerte de sus hijos. En 2020, la crisis sanitaria los obligó a cancelar la marcha.
El 22 de mayo de 2019, el IMSS presentó otra denuncia por el caso, aquella fue contra José Eduardo Robinson Bours Castelo, gobernador de Sonora en 2009. Sobre esa investigación, la fiscalía no ha comunicado ningún avance.
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