
Luego de que la Fiscalía de Estados Unidos decidió retirar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en contra del exsecretario de la Defensa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, para que sea México el que juzgue al militar, ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía General de la República (FGR).
A consideración del abogado penalista Jorge Lara, el general Salvador Cienfuegos permanecerá en libertad mientras el gobierno mexicano no solicite su aprehensión o valide los elementos de prueba del expediente entregado por la fiscalía estadounidense, aseguró en entrevista con Milenio.
“En tanto México no solicite que lo detengan (a Salvador Cienfuegos), a través de una solicitud de detención con fines de extradición, el general es libre porque goza del principio de presunción de inocencia”, señaló.
“Sí la fiscalía concluye, con los elementos de prueba, que hay motivos y razones para imputar delito al general, se requiere una orden de aprehensión o la solicitud de llevarlo ante la autoridad judicial para que ahí se le imputen los cargos”, enfatizó.

El litigante destacó que “las fiscalías tienen la libertad de presentar o retirar cargos conforme a su política criminal y siendo este un caso binacional, ellos (Estados Unidos) explican que retiran los cargos para que sea la autoridad mexicana la que se encargue de concluir la investigación y de tomar las medidas judiciales del caso. Cómo diríamos, pasan la estafeta del caso Cienfuegos al gobierno de México”, dijo.
Jorge Lara resaltó que el siguiente paso es que la Fiscalía General de la República tome decisiones, incluso, anticipó que “la primera que debe tomar, es si solicita la entrega del general o si puede disponer de su libertad”.
El especialista señaló que para llevar al ex secretario de la Defensa ante un juez, el expediente entregado por la Fiscalía estadounidense se debe “robustecer” con otros elementos de prueba como correos electrónicos, videograbaciones, cuentas bancarias o depósitos.
“Se habló mucho de que las pruebas eran intervención de comunicaciones y algunas declaraciones de testigos protegidos, lo que hay que señalar es que estas declaraciones no son suficientes para considerar que una persona sea responsable de la comisión de un delito”, resaltó.

“Se requiere robustecer con otros elementos de prueba estos señalamientos, es probable que este expediente que turnaron a México, requiera de un mayor trabajo de complementación para poder llevarlo ante un juez”, dijo.
Sobre la entrega de Salvador Cienfuegos en calidad de repatriado, el penalista resaltó que deberá analizar cuál será el criterio que tomará la fiscalía, “si las pruebas son suficientes o no para hacer la imputación”.
Por último, destacó la profesionalidad de la fiscalía de Estados Unidos, al señalar que está acostumbrada a manejar casos con altos estándares y que, con el expediente entregado a México, las autoridades “ya tienen parte de la tarea hecha y tendrían que proceder a validar el contenido de esa información que ya llegó a su poder”.
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