Tras darse a conocer que los cargos contra el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, serían retirados. En México se abrió la duda acerca sobre los acuerdos entre ambos países para trasladar la investigación desde las instituciones estadounidenses hasta la Fiscalía General de la República (FGR).
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló sobre las razones que llevaron a la FGR a tomar responsabilidad en la indagatoria sobre los presuntos nexos del ex secretario con el narco. Bajo la premisa, sobre todo, de que los delitos cometidos por funcionarios mexicanos y cometidos dentro del país, tendrían que ser juzgados en su país de origen.
En primer lugar, durante la entrevista en el programa En Punto, señaló que en este acuerdo sí influyó la buena relación que tienen los mandatarios de México y Estados Unidos.
Sin embargo, aseguró que las autoridades de justicia del país vecino no les notificaron ni de la investigación ni de la posible detención de Cienfuegos Zepeda antes de que esta tuviera lugar.
En el diálogo bilateral, señaló, se pusieron por delante los mecanismos de cooperación que se formaron desde hace tiempo entre ambas naciones y el respeto de los mismos para que el Departamento de Justicia trasladara sus evidencias hacia la FGR.
La periodista y conductora del programa, Denisse Maerker, cuestionó al funcionario sobre si México tuvo que tomar alguna medida extraordinaria para hacer que se respetara la competencia que tiene el país en este caso.
Incluso, preguntó si se habría suspendido la cooperación en aras de poner el caso en manos de la justicia mexicana, a lo que contestó:
Informó, además que el paquete de evidencia que tenía el Departamento de Justicia ya está en manos de la Fiscalía General de la República.
Señaló que las negociaciones con el país vecino funcionaron para dejar “una línea muy clara de la enmarcación de cual es la esfera de México y cual es la esfera de Estados Unidos”.
El general Cienfuegos fue detenido en los Estados Unidos hace varias semanas por presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva, con quienes habría orquestado un sistema de fabricación, distribución e importación de drogas, así como lavado de dinero.
Esta cooperación habría tenido lugar entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El propio canciller informó en conferencia de prensa que se había tomado la decisión con con el fin de respetar la soberanía del país.
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