Senado exhorta al INM a garantizar el acceso de organizaciones de la sociedad civil a estaciones migratorias

El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Migración (INM) a seguir garantizando el acceso de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas a estaciones migratorias y estancias provisionales del país. El organismo migratorio suspendió las visitas de dichas organizaciones en el mes de enero.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bertha Alicia Caraveo Camarena, presentó la propuesta ante el Pleno. Además reconoció la importancia de las visitas por parte de las organizaciones pues, al trabajar en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, éstas realizan monitoreos de los espacios y brindan acompañamiento jurídico a las personas alojadas.

Con la aprobación del acuerdo, las y los integrantes de la Cámara Alta también solicitaron a las autoridades migratorias el despliegue de una política migratoria fundamentada en la seguridad humana. La propuesta menciona la necesidad de reconocer y proteger los derechos de las personas migrantes, así como los de las personas defensoras de los derechos humanos.

Las estaciones migratorias son inmuebles habilitados por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración. Estos lugares están destinados para el alojamiento temporal de las personas migrantes que, ante la imposibilidad de acreditar su situación migratoria regular en el país, son detenidas por las autoridades.

Hasta el 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contabilizó la existencia de 30 estaciones migratorias. De acuerdo con un informe emitido por el organismo en el mismo año, los servicios de atención médica y psicológica, actividades y espacios recreativos, seguridad y orden, artículos de higiene personal, así como los permisos para realizar y recibir llamadas fueron aspectos que, con la opinión de los ocupantes, no funcionan bien en las estaciones.

El servicio médico, por ejemplo, sólo estuvo garantizado en tres estaciones, mientras en el resto está sujeto a la visita de personal al no tener médicos adscritos. Aunado a ello, la CNDH consideró que, debido a la enorme cantidad de personas detenidas que ingresa a dichas instalaciones no es posible garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes detenidas.

El 23 de octubre, la CNDH emitió un comunicado con medidas cautelares a las autoridades del INM para garantizar la salud de las personas migrantes alojadas en la estación migratoria “Siglo XXI” y la estancia Provisional “El Hueyate”, ambas en el estado de Chiapas. Señalaron la ausencia de medidas encaminadas a reducir el contagio por el virus Sars-CoV-2.

De acuerdo con el documento, debido al hacinamiento, las personas alojadas en la estación migratoria no pueden guardar la sana distancia. Tampoco se les han otorgado cubrebocas, además de no contar con servicios de luz y agua. En el lugar existen mujeres con hijos que, aunque no presentan síntomas de la enfermedad “conviven con personas cuyo diagnóstico resultó positivo para tal padecimiento, sin que se hayan adoptado las medidas sanitarias correspondientes para prevenir contagios.”, dice el comunicado.

Por otra parte, solicitaron atención médica inmediata para las personas alojadas en la estación provisional “El Hueyate” y que se han visto afectadas por la COVID-19, especialmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Además “salvaguardar la salud e integridad de quienes no han presentado síntomas de dicho padecimiento, canalizándolos a otro lugar, observando en todo momento el principio de unidad familiar e informando a la población migrante sobre las medidas que se tomarán al respecto”.

El 28 de enero de 2020, el INM emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de las visitas de organizaciones a las estaciones migratorias, aunque luego notificó sobre la realización de las que ya estaban programadas para el mes de enero. La medida encaminada por el Senado resulta relevante pues las organizaciones religiosas y de la sociedad civil trabajan para que las estaciones funcionen y garanticen el trato digno de las personas migrantes.

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