
Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con agentes federales de migración, detuvieron un autobús donde viajaban 70 personas extranjeras de origen guatemalteco, sobre el entronque la Chicharrona-Cuencamé. Como resultado fueron detenidas dos personas en por el delito de tráfico de indocumentados.
Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el autobús fue detenido debido a que el chofer no portaba el cinturón de seguridad. Al momento de realizar la revisión en el vehículo, se percataron que viajaban 70 personas extranjeras de origen guatemalteco que no acreditaron la estancia legal en el país y viajaban de San Cristóbal de las Casas, Chiapas hacia Tijuana, Baja California.
Los dos detenidos son Rogelio “M” y Jorge “G”, mientras que el autobús fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MFP) adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, donde después de integrarlo a la carpeta de investigación correspondiente, obtuvo prisión preventiva. Con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
A inicios de 2020, el Instituto Nacional de Migración informó en una investigación con las autoridades, que actualmente existe en el país alrededor de 20 probables redes de traficantes de personas que operan actualmente en el territorio mexicano con un alcance internacional.

De acuerdo con el INM, estas redes aprovechan la necesidad de las personas que buscan salir de sus países para cobrarles cantidades dinero que pueden rebasar los 200,000 pesos por persona a cambio de ayudarles en sus traslados. Los estados obligados en la ruta de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son: Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
“El INM está comprometido en la lucha contra los delitos de trata y tráfico de personas, así como por mantener una migración segura, ordenada y regular”, se puede leer en el comunicado. Algunas organizaciones no gubernamentales y activistas han señalado que el gobierno federal es gran responsable de este hecho.
Además, se ha identificado que, además del traslado y resguardo de personas, estas bandas ofrecen hasta cinco intentos para lograr la internación de las personas al país que solicitan, se informó en el mismo comunicado del instituto.
A inicios del 2020, algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, manifestaron su descontento debido a las restricciones de acceso impuestas por las autoridades la INM. Esto debido a los intentos de limitar la labor en días recientes cuando se adentraron unos 3,000 migrantes centroamericanos a México, siendo detenidos por las autoridades la mayoría.

Las organizaciones no solo muestran su descontento hacia el INM, también a la Guardia Nacional como estrategia de contención y disuasión del Estado mexicano han quedado registrados por organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Estas señalan que la Guardia Nacional no debe estar involucrada en acciones de control migratorio.
Apenas el 1 de octubre comenzó a salir una caravana desde Guatemala cuando se reabrieron sus fronteras, que estuvieron cerradas por meses para evitar los contagios de COVID-19. Los gobiernos de toda la región monitoreaban la situación. A través de un comunicado el INM indicó que vigilaría que existiera una migración segura, ordenada y legal.
Los migrantes que salen de Centroamérica hacia el norte se ha reducido de forma drástica durante la pandemia, debido al cierre de fronteras en la región. Además, la mayoría de los albergues cerraron sus puertas a los recién llegados para evitar que el virus se expandiera entre la población.
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