Durante el foro Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en materia de pobreza y seguridad, organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) Jenkins Graduate School, un panel interdisciplinario analizó la destinación de recursos del erario nacional al combate a la pobreza y delincuencia por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La noche de este martes 20 de octubre, la casa de estudios presentó a ingeniero Luis Hermosillo Sosa, Consultor experto en materia administrativa y presupuestaria; al maestro Hugo Páez, Director General de Literal México y comentarista de Radio Fórmula; y al doctor Álvaro Vizcaíno, ex Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al inicio se platicó sobre la pobreza, en este sentido, Hermosillo Sosa definió que la pobreza no sólo está caracterizada por el nivel adquisitivo que se tiene , sino que también intervienen otros factores.
Como parte de la evaluación para determinar la pobreza en la república, diversas instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) determinaron que las carencias sociales, el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de los espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos dentro de la vivienda y acceso a la alimentación son otros puntos ajenos al nivel mínimo de ingresos que se contemplan para declarar que en México, el 42% de la población es pobre.
En cuanto al Presupuesto Federal, el ingeniero opinó que desde el 2020 se han fortalecido los programas que tienen incidencia en el combate a la pobreza. “En este sentido, ha presentado un Presupuesto de Egresos de la Federación 6.29 billones de pesos”; sin embargo, observó que esto representa un .4% menos que en el ejercicio fiscal del año pasado.
En materia de seguridad, el doctor Álvaro Vizcaíno fue muy contundente en señalar dos puntos. El primero es que la delincuencia se combate desde lo local, es decir, se debe de dar prioridad a las policías municipales para que puedan combatir adecuadamente a los grupos delincuenciales, esto contradice las políticas en las que se faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar labores policiacas. El segundo punto fue el presupuesto destinado al fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y al Subsidio para el fortalecimiento de la seguridad (Fortaseg) es insuficiente.
El FASP se identifica porque normalmente va dirigido al combate de la delincuencia de manera estatal representando, en promedio, el 80% de los gastos de operación e inversión. Cabe señalar que éste no se usa para pagar sueldos ni gasto corriente y que desde el 2015 ha sufrido numerosos recortes presupuestales, pasando de tener fondos por 10,000 millones de pesos hasta 7,000 millones en 2007. Y, aunque la administración de AMLO lo incrementara a 7,600 para 2021, de acuerdo con el experto, resulta insuficiente.
Por su cuenta, el Fortaseg es de carácter municipal y también ha tenido numerosos recortes, a tal punto que para el 2021 se espera que desaparezca. En 2018, a la llegada del político tabasqueño a la presidencia, éste operaba con 4,139 millones de pesos; sin embargo, para el próximo año no se le destinarán recursos.
También condenó la inversión del gobierno a la seguridad pública, pues en países como Colombia, que ha podido disminuir los índices de violencia, invierte el 3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Por el otro lado, México destina, tomando en cuenta las fuerzas armadas, el 1.4 por ciento.
Si bien especificó que se habla de un incremento en gasto de seguridad del 8.5% (234,000 millones de pesos), es porque la Sedena tuvo un incremento del 72% de recursos; sin embargo, el 100% de este incremento está destinado al megaproyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México.
Finalizó con dos conclusiones simples, al FASP se le debe destinar un mínimo de recursos de 16,000 millones de pesos y se debe de apostar a la seguridad desde lo local, no a la militarización.
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