El Senado de la República rechazó la primera solicitud de Morena para enjuiciar a ex presidentes

Después de que senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) formalizaran el proceso para realizar una consulta ciudadana que decida si los ex presidentes de México deben ser juzgados, la Mesa Directiva del Senado de la República rechazó dicha solicitud, debido a que no contaba con el mínimo de firmas requeridas.

Mónica Fernández, presidenta de la Cámara alta, explicó que no pudo dar “entrada” a la solicitud que habían presentado los miembros de Morena, pues no tenía las firmas necesarias y es que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, cualquiera de las dos cámaras pueden hacer la petición de una consulta, siempre y cuando cumplan con el equivalente al 33% de sus integrantes.

En el caso del Senado de la República, esto significa que se requerirían de 43 firmas para continuar con el proceso, no obstante, el grupo de legisladores que realizó la petición, únicamente sumaba 15 rúbricas.

Durante una entrevista para la estación de radio Enfoque Noticias, Fernández detalló que “hasta el momento en que llegue con el número adecuado de firmas, entonces se hace todo el proceso legal, se les da una constancia de su intención y su solicitud de hacer una consulta popular”.

Un elemento relevante para Morena es que el domingo 30 de agosto, realizarán su reunión plenaria, en donde se podría decidir si los 61 integrantes impulsarán la consulta popular. En caso de reunir las firmas, la Mesa Directiva deberá turnar la petición a las comisiones correspondientes.

Este proceso deberá ser aceptado por la mayoría de cada Cámara del Congreso y posteriormente se enviaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto a la propuesta de pregunta, con el fin de que tome su decisión y notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de 20 días.

Si la respuesta es satisfactoria para los morenistas, el Congreso deberá expedir la convocatoria mediante un decreto y notificar al Instituto Nacional Electoral (INE), que sería el organismo de llevar a cabo el proceso; sin embargo, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, ha declarado que esta consulta generaría complicaciones y el gasto de recursos adicionales.

Las razones por las cuales Cordova mencionó esto se basan en que la consulta popular se tendría que realizar el primer domingo de agosto de 2021, es decir, menos de dos meses después de haberse efectuado las elecciones intermedias. Esto conllevaría a la disposición del mismo número de casillas, funcionarios y ciudadanos del padrón electoral.

El argumento de los senadores de Morena para realizar esta propuesta es que la corrupción no sólo ha dañado el tejido económico y social, sino que “se ha entronizado, a tal grado, que se encuentra en la raíz de las causas que han provocado decenas de miles de muertes violentas que han enlutado a la sociedad”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado estar dispuesto a presentar la consulta ciudadana contra sus antecesores. “Sí... Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, dijo en su conferencia de prensa desde Reynosa, Tamaulipas.

“Se hace la solicitud, si la (Suprema) Corte dice ‘es constitucional’, la consulta va al INE y se le pregunta al pueblo. Si yo hago la solicitud, yo tengo que fundarlo, como los ciudadanos y los legisladores”, detalló.

La pregunta de la consulta, según la propuesta de los senadores morenistas sería: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”.

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