A pesar de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo con la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), hay legisladores del país que lejos de abogar por la protección de los comunicadores, pretenden limitar sus investigaciones.
Y es que Eleazar Rubio Aldarán, diputado de Morena de la Ciudad de México, presentó este miércoles en el Congreso local una iniciativa que busca revivir las penas por difamación contra periodistas y medios de comunicación.
Dicha iniciativa plantea que se reformen los artículos 214 y 215 del Código Penal de la capital, para establecer que los periodistas no indaguen hechos delictivos y se limiten exclusivamente a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales, pues es el espíritu de la profesión, de acuerdo con el morenista.
Rubio Aldarán argumenta que con estos actos los periodistas pueden dañar deliberadamente a una persona, al correr el riesgo de difundir noticias falsas. Por ello, propone que, al cometer el delito de “difamación”, los comunicadores reciban una pena de dos a cinco años de prisión y una multa de 600 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cerca de 86,000.00 pesos.
Además, el diputado sostiene que la Unesco establece que la desinformación es creada deliberadamente para dañar a una persona, un grupo social, una organización o un Estado.
“Se propone que comete delito de difamación quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona comunique un hecho falso, a una o más personas, de forma verbal o por cualquier medio de comunicación, y esto le cause o pueda causar a la víctima u ofendida una afectación en su dignidad, honor o reputación”, dice la iniciativa.
Sin embargo, aseguró que esto no significa que a los periodistas se les coarte el derecho de informar, sino pretende que sea cauteloso con lo que informan, para que no favorezca al imputado.
En este sentido, la “Ley Rubio” sugiere que se abrogue la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal, promulgada en la Gaceta Oficial del 19 de mayo de 2006, además de que deroguen todas las disposiciones legales que se opongan a la presente reforma.
“Considero necesario y urgente atender esta problemática social que nos puede afectar a todos como ciudadanos, ya que alguien puede terminar con la familia o el trabajo de otra persona si así lo quiere, pues con la era digital, no se encuentra en la actualidad una regulación respecto a la información, tanto de las personas, como medios de comunicación y autoridades, y ante esto es imperioso legislar al respecto”, expuso.
Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves que su gobierno no está de acuerdo con la iniciativa.
“No, no estamos de acuerdo con la iniciativa”, respondió en una rueda de prensa sobre el convenio para la construcción del Hospital General de Cuajimalpa.
El texto se da en medio del proceso judicial que enfrenta el columnista e investigador Sergio Aguayo en los tribunales de la ciudad, luego de que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, lo denunció en 2016 por daño moral.
En enero de 2016, Aguayo publicó un artículo en el diario Reforma en el que señalaba posibles actos de corrupción de Moreira.
Jueces de la ciudad han fallado en favor del ex mandatario estatal, imponiéndole a Aguayo una reparación del daño hasta por 10 millones de pesos. Por ello, el articulista considera que hay una red de apoyo a Moreira en el Poder Judicial capitalino.
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