
Felipe Calderón, ex presidente de México, le contestó a Andrés Manuel López Obrador, actual mandatario nacional, después de que el tabasqueño señalara el gobierno calderonista como uno en que prevalecía el “narcoestado”.
“Lo rechazo categóricamente. Me parece ofensivo incluso para México. Me podrán criticar muchas cosas. Habrá quien esté de acuerdo o en desacuerdo con esa estrategia. Pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del Chapo. Yo no liberé a ningún criminal. Ni a los hijos del Chapo”, declaró Calderón Hinojosa durante una entrevista a Joaquín López-Dóriga transmitida en Grupo Fórmula.
El ex abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó de cualquier presunción corrupta y aseguró que si algún servidor público de su régimen apalabró convenios con miembros de la delincuencia organizada para recibir beneficios, esa responsabilidad le compete únicamente al individuo que se dejó corromper.

“Puede haber gente que haya tenido arreglos o que haya ocurrido en corruptelas. Eso lo determinarán las autoridades. Pero mi gobierno estaba totalmente comprometido en la lucha contra la delincuencia. Y me parece calumniosa y ofensiva la expresión. Muy jaladora de nota, eso sí. Porque es evidente que lo que el presidente quiere hacer es desviar la atención de los problemas nacionales. De estos más de 160 mil muertos que hay en México”, aseguró el esposo de Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia de México.
Estas declaraciones por parte de quien dirigió a México de 2006 a 2010, surgieron porque López Obrador acusó que esos años en el país fueron de un “narcoestado”.
“Yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esa manera el Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir (los casos de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García), pues sí se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno [...] Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia”, declaró AMLO durante la conferencia matutina del 10 de agosto en Palacio Nacional.
El término acuñado por el mandatario nacional es una definición político/económica que se aplica cuando las instituciones del Estado están íntimamente relacionadas con el fenómeno del narcotráfico. Esto sucede cuando los principales líderes políticos o funcionarios públicos de alto perfil ejercen sus funciones en favor del trasiego ilegal de drogas para recibir algún tipo de beneficio.

Lo cual coincide con los casos que pretende desahogar la corte federal de Estados Unidos de Brooklyn, en contra del ex secretario de Seguridad y sus dos colaboradores más cercanos (Cárdenas Palomino y Pequeño García), pues se les está procesando por los mismos cargos con que juzgaron a Joaquín el “Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.
En la acusación oficial, donde se señalan los delitos por los que se investiga a estos tres ex servidores públicos, la autoridad estadounidense identifica que la operación del Cártel de Sinaloa tenía éxito, en parte, por la colusión de funcionarios mexicanos corruptos.
Las autoridades estadounidenses abundaron en los beneficios otorgados a la asociación criminal dirigida por Guzmán Loera por los sobornos recibidos y acusaron cuatro conductas ilícitas en detrimento de la seguridad y salud pública.

1.- Aceptar no interferir con el los envíos de drogas del Cártel de Sinaloa en México, que generalmente consistían en cantidades de narcóticos de varias toneladas, y la gran mayoría de los cuales estaban destinados a los Estados Unidos.
2.- Proporcionar acceso a información confidencial de las fuerzas del orden sobre las operaciones de aplicación de la ley contra el Cártel de Sinaloa.
3.- Dirigirse a los miembros de cárteles rivales para su arresto, en lugar de los miembros del Cártel de Sinaloa, y proporcionar información confidencial sobre el cumplimiento de la ley sobre los miembros de cárteles rivales.
4.- Colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa.

Finalmente, la fiscalía estadounidense sostiene García Luna, ingeniero egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es el presunto responsable de llevar 52,845 kilogramos de cocaína con intención de distribución y comercio en EEUU.
Ante estas acusaciones, Felipe Calderón ratificó en los micrófonos de Radio Fórmula que el caso aún no está cerrado y que a su ex secretario de seguridad no se le ha comprobado ningún ilícito.
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