
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso crear “una aceleradora de patentes y desarrollos tecnológicos” para América Latina y el Caribe en el marco de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Esto en medio de la disminución en 75% del presupuesto del gasto de la administración pública, que incluye al Conacyt y a centros de investigación como el CIDE.
El canciller mexicano lanzó la propuesta en un foro sobre innovación organizado el jueves de manera virtual por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la idea de que sea un trabajo conjunto de ministerios de Exteriores e instituciones académicas.
A mayor capacidad de producción científica-tecnológica, tendremos mayor posibilidad de reducir la pobreza y de que América Latina salga, junto con el Caribe, de la situación actual, expuso Ebrard, de acuerdo con un comunicado de la cancillería.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, destacó que la crisis de COVID-19 “ha demostrado las capacidades que tienen las instituciones educativas, ya que todas las áreas de salud y biotecnología han desarrollado herramientas para el diagnóstico y la detección de coronavirus”.

Tras un primer foco en Asia y un segundo en Europa, la pandemia de COVID-19 se ceba ahora con América Latina, que esta semana ha superado los 5 millones de contagios y acumula más de 200,000 fallecidos, con cinco países entre los 10 más castigados por la pandemia.
En mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su instrucción para disminuir en 75% el presupuesto del gasto de la administración pública, que incluye al Conacyt y a centros de investigación como el CIDE, pues dijo que este recorte se ha sacado de contexto y aclaró que lo que se busca es poner orden ante los abusos y actos de corrupción.
Según el presidente, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología además de sus becas, se les ofrecían premios a los investigadores, pero se les indicaba prácticamente en qué y en dónde tenían que gastar esos recursos.

El pasado 22 de mayo, a petición de presidente López Obrador, la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió un oficio a los titulares de la administración pública para no ejercer el 75% del gasto programado a las partidas 2,000 que corresponde a Materiales y Suministros y 3,000 a Servicios Generales.
El presidente aseguró que siempre que hay una medida como ésta se toma partido a favor de quienes supuestamente resultarán afectados, pero lo que está detrás es la defensa de actos de corrupción.
La comunidad científica respondió a las acusaciones del presidente asegurando que esto será un retroceso en la investigación y recriminaron que viera a los investigadores como “parásitos sociales”.
La divulgadora de la ciencia, Julia Fierro, aseguró que las acciones del gobierno demuestran que no se entiende la importancia de la ciencia en el país. Rechazó que haya una corrupción permeante en el área de investigación mexicana.

Por su parte, el reconocido biólogo Antonio Lazcano aseguró que López Obrador era incongruente con su crítica, pues en su gobierno hay amiguismos y mucha gente en puestos especializados.
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