Este martes, la senadora Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejar a un lado “sus machismos” y reconocer sus errores y utilizar un cubrebocas para evitar la propagación del COVID-19.
Gálvez enfatizó en que el mandatario debe respetar a toda la población y portar la mascarilla para mandar una señal a todos los mexicanos de protección y seguridad.
Otros senadores y diputados del PAN también llamaron a López Obrador a utilizar cubrebocas. Por otro lado, legisladores panistas rechazaron la iniciativa de la Ley General de Salud Mental.
Acusaron que la Ley Bañuelos, impulsada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y la bancada del Partido del Trabajo (PT), atenta contra las convenciones internacionales de protección de personas con discapacidades.
La senadora Alejandra Reynoso detalló que la retención de una persona enferma por 72 horas, sin atenciones ni diagnósticos y en contra de su voluntad, constituye una violación grave a los derechos humanos.
“Se estaría judicializando a los enfermos”, ratificó Reynoso, también integrante de la comisión de Salud del Senado, después de explicar que se votarán en contra de la reforma porque no se han realizado las consultas requeridas a un nivel nacional.
Los panistas acusaron a los funcionarios del PT, los promotores de la Ley de Salud Mental, afirmando que buscan el control de los centros de salud mental como lo han hecho con las guarderías.
Organizaciones de la sociedad civil buscan frenar la iniciativa de Ley de Salud Mental que será votada a partir del 29 de julio en el Senado de la República. La propuesta ha sido ampliamente rechazada por presuntamente perpetuar violaciones a derechos humanos hacia personas con discapacidad, al legalizar internamientos involuntarios, tratamientos forzados y desconocer la capacidad jurídica de la personas.
La iniciativa entra en contradicción con estándares internacionales suscritos por el Estado Mexicano como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por México en 2008.
En un comunicado firmado por una treintena de organizaciones y colectivos, así como por una larga lista de personas usuarias y ex usuarias de los servicios de salud mental, activistas y académicas, se expresa el “rechazo rotundo” de la sociedad civil ante la posible aprobación de esta iniciativa de ley.
El comunicado fue publicado desde finales de marzo, poco después de que la Comisión de Salud del Senado aprobó por unanimidad, y sin discusión de por medio, un dictamen favorable para la próxima aprobación de la Ley General de Salud Mental.
La propuesta de ley “reproduce una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas usuarias al verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos” y “pone en entredicho derechos como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la capacidad jurídica y a la libertad personal”, apunta el comunicado.
Se ha subrayado también que la iniciativa podría legalizar los tratamientos forzosos, considerados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de que continúa avalando los internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos, y usa un lenguaje discriminatorio que reproduce estigmas equivocados sobre la salud mental.
La iniciativa de Ley General de Salud Mental, que será votada el 29 de julio en el Senado de la República, también ha sido criticada a través de las redes sociales, donde se ha expresado el rechazo a esta #LeyBañuelos, y en defensa de una #SaludMentalConDerechos.
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