Por qué los Salazar y el Cártel de Caborca se disputan las minas de oro de Sonora

Las cruenta “narco guerra” que actualmente protagonizan en el norte de Sonora los grupos del crimen organizado conocidos como Los Salazar, aliado del Cártel de Sinaloa, y el grupo de Caborca que dirige Rodrigo Omar Paz Quintero, de 44 años de edad, sobrino del Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos”, no sólo tiene en su centro la supremacía en el tráfico de drogas y personas.

En el fondo de la disputa también está el control de las minas de oro de la región. Sonora es la estado que alberga la mayor actividad minera en el país, con un valor de producción de 138,000 millones de pesos.

Las terrenos en disputa forman parte del Ejido el Bajío, ubicado a unos 65 kilómetros al este de Puerto Peñasco, ubicado al norte de Sonora, terrenos que por varios años estuvo usufructuando la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC, propiedad del empresario mexicano Alberto Baillères.

Después de un complicado litigio agrario que duró varios años entre los ejidatarios contra la minera, Penmont les regresó los terrenos, donde quedó una gran cantidad de oro en una gran alberca con cianuro donde se extrae el metal oro.

Actualmente, tanto los ejidatarios y la Minera Penmont están denunciando la entrada de grupos criminales a la zona para quedarse con esos terrenos.

En un comunicado reciente la empresa denunció: “Minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo plc, denuncia y rechaza enérgicamente las acciones criminales cometidas hace unos días por un grupo de personas que se dicen vinculadas con individuos que se acreditan como ejidatarios del Ejido el Bajío, pese a que son originarios de Sinaloa y ajenos a la región”.

La minera precisa que un comando armado allanó propiedad privada de la empresa con lujo de violencia, hechos que ocurrieron la madrugada del pasado 26 de marzo.

“Este acto reprobable se suma a las acciones ilegales que este grupo de criminales ha venido realizando en las últimas semanas con extrema violencia y uso de armas de grueso calibre”, agrega el comunicado de la Penmont.

A finales de junio se protagonizó una más de las sangrientas batallas que suceden constantemente en la región.

El 30 de junio, helicópteros artillados sobrevolaron los terrenos del ejido el El Bajío y decenas de efectivos de la Marina Armada de México acordonaron la zona debido a un enfrentamiento entre los bandos que se disputan el oro resguardado por los campesinos.

En esa ocasión los efectivos de la Marina detuvieron a varios sicarios, aseguraron armas y vehículos de los grupos criminales.

Anteriormente, la noche del 2 de junio los pistoleros de Los Salazar arribaron al municipio de Caborca e incendiaron negocios, vehículos y atacaron con armas de grueso calibre a los hombres de Paz Quintero.

El saldo de esa noche violenta fue de dos muertes pero la mañana del día siguiente fueron abandonados 12 cuerpos con el tiro de gracia sobre la carretera que enlaza a Caborca con Sonoyta.

Las denuncias de los campesinos del Ejido el Bajío precisan que durante los últimos meses grupos de hombres armados incursionaron en sus terrenos para “levantar”, golpear, amenazar y quemar sus vehículos.

A pesar de las amenazas en su contra, los ejidatarios han puesto denuncias en la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común de Caborca.

Los campesinos identificaron en su denuncia a un grupo de pistoleros que encabeza Jesús Germán Gil Millanes, del grupo de Caro Quintero, quien presuntamente trabaja con un político que intenta apropiarse de los terrenos del Ejido el Bajío.

Minera Penmont también está denunciando que un grupo político “ha pretendido confundir a diversas autoridades y a la opinión pública argumentando que tiene posesión jurídica de otros terrenos, que son propiedad privada”.

“Este grupo delincuencial ha intentado infructuosamente engañar a los gobiernos federal y estatal, acusando a la empresa de victimarlos y despojarlos de sus tierras”, precisó un comunicado de Penmont.

La empresa minera ya informó a las autoridades federales y “espera su pronta intervención para brindar las garantías de seguridad necesarias”.

Las minas de oro del estado de Sonora han registrado también el robo de oro, directamente de sus instalaciones o cuando es trasladado.

Un delito que se ha perpetrado además en varias ocasiones en Sinaloa y en minas de Zacatecas, entre otras.

El robo de oro más lucrativo para los grupos del crimen organizado sucedió en la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, el 9 de abril de 2015, con un botín de 900 kilos de oro valuados en unos 8.4 millones de dólares.

Las investigaciones de las autoridades sobre estos delitos han concluido que los grupos del crimen organizado pueden robar grandes cantidades del valioso metal gracias a tener como cómplices a empleados de las minas que extraen oro.

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