Recientes masacres en tres regiones de México han destacado la importancia de analizar “las estructuras de poder locales con el fin de entender la violencia”, aseguró InSight Crime en un análisis publicado este jueves.
Durante los últimos tres años, el país ha registrado niveles récord de violencia. El atentado el 26 de junio en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, donde fueron asesinados sus dos guardaespaldas y una mujer de 26 años que manejaba otro vehículo para ir a trabajar, y el homicidio de seis miembros de una familia en el estado de Guanajuato han evidenciado que la violencia en el país continúa.
Esa misma semana, 75 bolsas con restos humanos fueron encontradas en una fosa clandestina en Jalisco.
Sin embargo, InSight Crime realizó un análisis para probar que tales acontecimientos no son ubicuos en todo México: las tres masacres recientes prueban que “este derramamiento de sangre se debe a dinámicas locales únicas”.
Conflicto por tierras en Oaxaca
El 21 de junio, un “largo conflicto intercomunitario” llegó a su fin después de que 15 miembros de la comunidad indígena Ikoots fueron asesinados en la ciudad de San Mateo del Mar, al sur del estado de Oaxaca, confirmó la fiscalía del estado en un comunicado de prensa.
Pie de Página reportó que los miembros de la comunidad indígena fueron emboscados por “un grupo leal” al alcalde Bernardino Ponce Hinojosa, mientras que éste culpó a los residentes locales por incitar el ataque. Testigos confirmaron que la policía municipal y la Guardia Nacional abandonaron la zona cuando comenzó el enfrentamiento.
Debido a los ataques presentados en mayo, los residentes pidieron a los gobiernos estatal y federal que se hicieran presentes para evitar “que la situación se intensifique”. Un informe de Página 3 afirmó que la culminación de tensiones en junio se había “cocinado” durante mucho tiempo.
La ubicación de San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec, una de las regiones con mayores vientos en todo el país, ha atraído inversiones extranjeras para construir parques eólicos en una escala industrial.
Esto ha creado desacuerdos entre las comunidades indígenas en la región: hay los que quieren proteger sus tierras ancestrales con abundantes recursos, y aquellos interesados en colaborar con los foráneos para utilizar el territorio como una fuente de energía renovable.
“Detrás de estos ataques hay un amplio contexto que involucra recursos, un corredor ferroviario entre las dos costas [y] parques eólicos. Estamos luchando contra un monstruo”, declaró un miembro de la comunidad a Pie de Página.
Después de los asesinatos en junio, las autoridades enviaron agentes de la Guardia Nacional y policías estatales para “detener la violencia” y proteger a la comunidad. Todavía no se establecen las causas profundas que ocasionaron el ataque.
Luchas intestinas en Sinaloa
Ríodoce reportó que Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, fue notificado el 24 de junio del hallazgo de 15 cuerpos baleados en un conjunto de pequeñas comunidades, al norte de Culiacán, llamado Tepuche.
Los enfrentamientos internos en el cártel de Sinaloa se dividen en dos mandos: “la vieja guardia”, liderada por Ismael Zambada García, El Mayo, y Los Chapitos, los hijos del ex líder Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Ambas partes han luchado por el control de Tepuche durante los últimos meses. La Silla Rota afirmó que un sicario conocido como El Ruso, del bando de El Mayo, ganó el control de la zona.
Aproximadamente una semana antes de la masacre, sicarios que trabajaban para Los Chapitos habían amenazado con atacar a El Ruso. El secretario ha solicitado “más refuerzos” de la Guardia Nacional, en 15 bases distintas (actualmente operan en solamente cinco), para tratar de frenar la violencia, señaló Milenio.
En octubre del año pasado, durante el “Culiacanazo”, el Cártel de Sinaloa expuso su capacidad para superar a las autoridades de seguridad en México en su número de integrantes y en armamento. Cuando el gobierno detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, la ciudad entró en caos: se bloquearon puntos de entrada y salida, pistoleros irrumpieron, y se patrullaron las calles con armamento de alto calibre hasta que Ovidio fue liberado.
“Los planes anteriores han implementado estrategias ineficaces de línea dura, como los represivos programas de erradicación de cultivos de drogas, la persecución a líderes criminales y la militarización absoluta, lo cual ha hecho poco para mejorar la seguridad”, declaró Parker Asmann, autor del análisis.
Batalla por el control de las drogas en Guanajuato
El 1 de julio, antes del anochecer, hombres armados entraron a un centro de rehabilitación de drogas, en Irapuato, Guanajuato, y asesinaron a todas las personas que estaban dentro del anexo: 27 personas fallecieron y otras más resultaron heridas, de acuerdo con un comunicado de prensa de la Fiscalía General del estado.
La entidad federativa se ha convertido en el campo de batalla de dos grupos de delincuencia organizada, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que han logrado convertir a Guanajuato en el estado más violento de todo México.
La violencia sin precedentes en el estado indica que tienen la tasa más alta en asesinatos de policías, y que durante solamente las dos primeras semanas del año se registraron 200 asesinatos, y “docenas más cada fin de semana”.
El estado es un importante centro de manufactura de drogas, además de ser una vía de acceso para sustancias químicas que llegan de los puertos en la costa sur del océano Pacífico y recorrer todo el país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
Es un mercado que el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG quieren controlar: entre 2004 y 2018, el número de consumidores de metanfetaminas en Guanajuato aumentó un 55%, de acuerdo con datos de autoridades de salud del estado. Durante el 2018, más del 60% de la población local consumió metanfetaminas, el porcentaje solamente por debajo del uso de marihuana.
Otras ciudades clave en el comercio internacional de drogas, como Tijuana, que también es un centro manufacturero, la población también tiene más acceso a estas drogas sintéticas y baratas, “cuyas dosis se pueden conseguir fácilmente por unos cuantos dólares”.
El CJNG y el Cártel de Sinaloa disputan las rutas de drogas en el estado de Baja California, mientras que las bandas locales de narcotraficantes, quienes también compiten por la venta local, sirven como representantes de estos grupos criminales más grandes.
Después del ataque, la respuesta de las autoridades también consistió en desplegar policías y elementos de la Guardia Nacional para proteger la zona. “Tales respuestas fueron sólo pañitos de agua tibia a corto plazo frente a la situación de seguridad, que requiere de un plan a largo plazo, acompañado de una cuidadosa consideración de las dinámicas locales”, declaró Asmann.
¿Qué vendrá a futuro?
Los tres acontecimientos tienen “contextos y móviles muy diferentes”. Sin embargo, la respuesta del gobierno siempre fue la misma: desplegar a las tropas de manera reactiva y vertical.
“La dinámica de la violencia se basa en configuraciones locales complejas, que evolucionan dentro de las limitaciones políticas y responden a las fluctuaciones de los mercados legales e ilegales. Abordar esta complejidad es la clave”, afirmó Romain Le Cour, presidente de Noria Research, a Forbes este 6 de julio.
“Estas complejidades deben entenderse para que las estrategias contra el crimen puedan adaptarse a ellas. Hasta que eso suceda, las fuerzas de seguridad continuarán llegando demasiado tarde”, señaló Asmann.
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