Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Mérida, Yucatán, a un comandante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en activo, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según funcionarios judiciales se ejecutaron dos de cuatro órdenes de captura que hasta el momento un juez federal ha otorgado en contra de policías ministeriales de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Uno de ellos fue capturado el pasado fin de semana en la capital yucateca y uno más en la Ciudad de México. Se ha mantenido en reserva la identidad de ambas personas para evitar violaciones al debido proceso.
Las autoridades detectaron que otra de las personas con órdenes de captura fue privado de la vida en el estado de Tamaulipas a principios de enero. En el caso de la cuarta persona, ésta se encuentra prófuga de la justicia.
Por su parte, medios de Yucatán indicaron que la detención se registró en un operativo que duró menos de 20 minutos y en el que participaron elementos de la FGR, efectivos del Ejército, así como de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Por la trascendencia de la operación y para evitar posibles filtraciones y una eventual fuga no se dio aviso a ninguna autoridad local, sino hasta minutos antes de la operación cuando se les solicitó el apoyo para cubrir el perímetro por una diligencia.
Según los medios locales, el detenido identificado como J.U.T.A. fue trasladado en convoy hasta el aeropuerto “Manuel Crescencio Rejón”, de Mérida, donde se tomó un vuelo a la Ciudad de México en un avión de la Policía Federal para ser puesto a disposición del juez que lo requiere.
Desde marzo, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra funcionarios que tuvieron participación en la investigación y captura de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes torturaron.
Hace unos días, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que preparaban órdenes de captura contra más personas, además de las 46 que fueron solicitadas contra funcionarios de diversos municipios de Guerrero.
Los actos de tortura que se cometieron en contra de los detenidos por este hecho han llevado a los jueces y tribunales federales a invalidar las declaraciones que se obtuvieron por este medio.
En junio de 2018 un juez de procesos penales de Tamaulipas ordenó liberar a cuatro detenidos, ya que sus declaraciones fueron obtenidas bajo tortura, además de que las pruebas documentales aportadas por la entonces PGR no fueron suficientes para sustentar las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y secuestro.
Aunado a esto, se ordenó la creación de un Comité de la Verdad para la desaparición de los jóvenes, además de que a 15 de los 34 detenidos se les debía aplicar el Protocolo de Estambul para determinar si fueron víctimas de tortura.
Casi seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron identificados los restos de uno de los alumnos.
Este martes, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa, reveló que uno de los restos óseos hallados en una barranca de Cocula fue enviado a la Universidad de Innsbruck, en Austria, y corresponden al estudiante normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Gómez Trejo señaló que antes de dar a conocer a los medios el hallazgo, se habló con la familia para que se enteraran por las autoridades y no a través de los reporteros. La identificación de los restos fue avalada también por equipo de forenses argentinos que ha participado en el caso.
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