La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió este martes declarar improcedentes las medidas solicitadas legisladores federales para sancionar al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por el posible uso electoral de su conferencia matutina para presentar un supuesto documento de un grupo conocido como BOA (Bloque Amplio Opositor).
El proyecto aprobado se estableció que “desde una óptica preliminar”, los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido, la Comisión consideró que “no se surten los requisitos relativos a que dicha conducta continuará o se repetirá en el tiempo”.
Este acuerdo fue adoptado por votación unánime de las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del Consejero Jaime Rivera, integrantes en pleno de la Comisión de Quejas y Denuncias.
Dichas medidas cautelares habían sido solicitadas por los opositores PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática), así como por María Marcela Torres Peimbert, diputada federal, en contra de López Obrador y de Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los procesos electorales federal y locales.
Sin embargo, a pesar de la victoria para el Ejecutivo, la Comisión del INE advirtió que “si se realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan”.
Por último, la Comisión del INE emitió un pronunciamiento para todos los servidores públicos, en especial el presidente y su vocero, para que, “en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”, recalcándoles “la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales”.
Además, pidió que se conduzcan con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad.
El pasado martes 9 de junio, López Obrador y Jesús Ramírez dieron a conocer un documento titulado “Rescatemos a México” en donde se denuncia la existencia de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) el cual buscaría desplazar a Morena en las elecciones del 2021 y acelerar la salida del mandatario con la revocación de mandato en 2022.
Lo hicieron público pese a que el mismo mandatario admitió desconocer la procedencia del documento y si era verídico o no. De acuerdo con el contenido del documento, el bloque opositor estaría presuntamente integrado por gobernadores, los principales partidos de la oposición, los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, magistrados del Tribunal Electoral y consejeros del INE.
En adición, estarían incluidos periodistas, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con la presunta intención de desarrollar una campaña para cuestionar los resultados del gobierno.
Sin embargo, desde la difusión del documento, prácticamente todos los actores mencionados en el texto se han deslindado y en algunos casos han criticado duramente al presidente López Obrador y al vocero de presidencia por dar a conocer un documento sin haber siquiera revisado su procedencia.
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