Austeridad en México dejó a juzgadores del narco sin seguridad contra el crimen organizado

El nombre Uriel Villegas ahora es bastante conocido en México, no por otra cosa si no por el inesperado asesinato que sufrió en compañía de su esposa por dos supuestos compradores de un vehículo que el juez tenía a la venta.

Este hombre tuvo a cargo procesos penales como el de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes y el de Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Este crimen cimbró al país y generó una gran cantidad de indignación por parte de los ciudadanos. De acuerdo con Salvador García Soto, quien escribe para El Universal, los jueces que regulan la justicia en el país comenzaron a tener menos seguridad desde que comenzó la implmentación de la llamada “Austeridad Republicana” que hasta ahora recorta recursos en varios sectores.

Para jueces y magistrados que llevan los casos de narcotráfico y delincuencia organiza, se otorgaba ciertas medidas de seguridad bajo en yugo de la Ley del Consejo de la Judicatura que a través de la Comisión de Vigilancia modificó dichos beneficios en octubre de 2018.

Una de las consejeras, Martha María del Carmen Hernandez, hizo la propuesta para retirar apoyos económicos a juzgadores en los que se contemplaban gastos de gasolina y viáticos para las escoltas que los resguardaban.

El argumento principal se presentó bajo la premisa de que no había un por qué para “pagar doble” por la seguridad de los jueces y magistrados. Esto se sostuvo con otras determinaciones como que la Judicatura no debería pagar las escoltas, camionetas blindadas y chalecos antibalas a cada uno de los juzgadores, sino que estos deberían de pagarlo de su propio sueldo.

Cuando la medida resultó aprobada en 2019, varios de los jueces reclamaron, sin embargo tuvieron que adaptarse a este nuevo escenario. El resultado de la determinación fue que los jueces se negaban a invertir entre 10 y 20% de su mensualidad en gasolina y alimentación de sus escoltas. El costo aproximado al mes ascendía hasta cerca de los 20 mil pesos.

Esta es la razón por la que el juez Villegas, como muchos otros, tomó la decisión de dejar de tener las escoltas que tenía asignadas, una decisión que comunicó en un oficio el pasado 21 de febrero de 2019 cuando aún se desempeñaba como juzgador de amparo adscrito del Penal de Puente Grande en Jalisco.

En dicho oficio el destaca como el acuerdo propuesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto para regular la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad lo orilló a tomar esa decisión.

Las protestas rindieron frutos cuando Jorge Cruz Ramos, director de la Comisión de Vigilancia, propuso otro acuerdo a finales de 2018 para devolver los apoyos a los jueces, pero al cambiar la administración, el tema se quedó pendiente y posteriormente deshechado bajo la bandera de “austeridad republicana”.

Es por eso que solo aquellos juzgadores que decidían pagar una escolta, continuaban con una, mientras que los demás que no podían decidían renunciar.

Uno de los temas más relevantes es que en realidad el Consejo de la Judicatura Federal no sufrió ningún recorte importante durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

Villegas Ortiz se graduó de la Universidad Autónoma de Sonora y se convirtió en asesor jurídico en el desaparecido Banco Inverlat, S.A. Al Poder Judicial ingresó como oficial judicial, luego se convirtió en actuario, secretario y finalmente que juzgó el narcotráfico en México, sin más protección que la que podía brindarse por su cuenta.

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