El régimen de Venezuela denunció este sábado la detención del empresario colombiano Alex Nain Saab Moran en el archipiélago africano de Cabo Verde, señalado por Estados Unidos de ser uno de los prestanombres del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Su principal vínculo con Maduro es a través de la empresa Group Grand Limited, señalada de vender al régimen alimentos para distribuir en barrios humildes. Sin embargo, tanto Saab como Maduro han sido acusados de usar el programa para hacerse de cientos de millones de dólares de manera ilegítima con productos mexicanos.
Todo se dio a conocer en agosto de 2017, con una investigación que evidenciaba la situación de hambre en la que aún viven millones de venezolanos y que en ese entonces se convirtió en negocio para varias empresas mexicanas así como para el gobierno de Nicolás Maduro, el cual revendió despensas con un sobreprecio de 112% más caras de su valor a gente de escasos recursos.
A partir de esa investigación, se comenzaron a indagar a profundidad los hechos, de tal manera que el pasado marzo de 2020 fueron señalados algunos de los funcionarios involucrados en ese intercambio comercial por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Saab era solicitado por la Interpol, acusado de delitos como conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en nueve países.
De acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, Venezuela pagó en promedio 16 dólares por 11 productos básicos para la alimentación: aceite vegetal, arroz, atún en lata, azúcar, frijol, lentejas, maíz blanco, mayonesa, pastas y salsa de tomate. Se agruparon en paquetes que posteriormente vendieron en 34 dólares y se distribuyeron con la modalidad de entrega casa por casa por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Cabe mencionar que lo anterior, fue un trabajo realizado por la reportera Claudia Solera, de Excélsior, por el cual obtuvo el premio “Voces de América Latina” en el 2019. En el reportaje, también fue clave Roberto Deniz, de Armando.Info, que de igual manera, fue reconocido por su labor periodística.
El negocio fue puesto en marcha en 2016. Caracas afirmó que el programa CLAP pretendía frenar la escasez de comida, acabar con intermediarios y eliminar el mercado negro de alimentos.
Sin embargo, la investigación detalló que los precios de azúcar, leche en polvo y aceite vegetal se vendieron por un precio similar en ambos países, pero en el caso del maíz su precio se multiplicó por seis, y en el caso de la mayonesa, la salsas de tomate y el arroz su valor se triplicó.
En ese sentido, entre enero y mayo de 2017, Venezuela compró a México 414 mil 124 toneladas de productos. Las empresas elegidas por el gobierno sudamericano fueron Postar Intertrade Limited, cuyo dueño, Samark López Bello, fue señalado de ser prestanombres del entonces vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, uno de los también señalados en marzo por EU; y Group Grand Limited, de los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas.
Las facturas revelaron que las ventas de Group Grand Limited a la Gobernación del Táchira se realizaron entre el 9 y el 31 de enero de 2017. Por si fuera poco, ignoró las sanciones que les impuso en 2019 el Departamento del Tesoro estadounidense y, hasta enero 2020, continuaban con el negocio de los CLAP, pero con distintas marcas de alimentos.
Por su parte, mientras Postar Intertrade Limited cerraba compras millonarias en México, desde EU se emitía la siguiente alerta en contra del empresario López Bello: “Se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones o tratar de alguna manera a estas personas y entidades”.
En el 2018, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, decretó bloquear las cuentas bancarias de 19 personas físicas y morales relacionadas con las despensas CLAP. Precisó que el monto de las primeras irregularidades detectadas en la venta de despensas era de más de 150 millones de dólares.
De igual manera, en octubre de ese año, la PGR dio a conocer que gracias a las investigaciones y a la denuncia interpuesta por la UIF, se había logrado desarticular una red que vendía en Venezuela los alimentos a sobreprecio.
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