
En México, dos de las batallas colaterales contra las que se ha enfrentado el personal del sector Salud, además de la pandemia de coronavirus, es la discriminación, incluso al interior de sus centros de trabajo, así como al hecho de que han sido obligados a trabajar pese a tener condiciones que los colocan como parte de una población vulnerable frente a la COVID-19.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), entre el 19 de marzo y el 30 de abril, recibieron 231 quejas relacionadas con actos de discriminación conectados con el nuevo coronavirus. De ese total, 58 de las actas fueron presentadas por médicos, enfermeras y estudiantes de medicina.
Según el informe del organismo 22 quejas fueron por haber padecido actos discriminatorios en sus propios centros de trabajo y en la calle. En el primer caso, los compañeros ejercen esta violencia después de enterarse que los familiares de los quejosos están contagiados de COVID-19.
Por otra parte, 36 de las quejas que presentó el personal médico fue en relación al hecho de que han tenido que trabajar aun cuando forman parte de un población en riesgo, pues tienen comorbilidades como hipertensión y diabetes. Cabe mencionar que en estos documentos no se indicó que tuvieran contacto con pacientes de la enfermedad; sin embargo, sí externaron temor por exponerse al virus.

Un ejemplo es el de una doctora de 64 años con hipertensión, la cual tuvo que recurrir al Conapred, pues se le obligaba a acudir a la clínica en un centro de reclusión social donde labora, a pesar de los riesgos. Por ello, desde el 20 de abril presentó una queja, pero no ha tenido respuesta. Incluso el Consejo se ha visto en la necesidad de enviar un segundo recordatorio para que se informe una resolución a su caso.
Además del Conapred, entre otras de las instituciones que han recibido amparos tramitados por parte del personal de salud, se encuentra el Poder Judicial de la Federación, al cual también recurren para que no los obliguen a trabajar si es que tienen condiciones de vulnerabilidad.
Por otra parte, las disposiciones legales en contra de quienes comenten actos de discriminación contra personal médico y de enfermería en estados como Nuevo León serán de penas que podrían ir desde seis meses a seis años de prisión, así como multas de hasta 43,000 pesos, de acuerdo con las últimas reformas al Código Penal estatal, aprobadas el 28 de mayo.
Desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus, la discriminación ha sido uno de los problemas más relevantes para la vida del personal que se ha convertido en la primera línea de defensa contra el virus. A lo largo del país, los profesionales de la salud han sufrido para usar el transporte público, han sido agredidos con cloro e incluso sus hogares han sido quemados.
La semana pasada, por ejemplo, una enfermera del ISSSTE, en Mérida, Yucatán, denunció haber recibido amenazas debido a su labor como jefa de terapia intensiva en un Hospital de Alta Especialidad; sin embargo, los hechos terminaron de la peor manera pues dos sujetos incendiaron su casa y automóvil en medio de la noche.
“No se vale atacar a personal de salud, por qué lo hacen, si nosotros siempre los estamos ayudando, y no es cierto eso que están diciendo que tengo rencillas con alguien, a nadie, no tengo problemas con ninguna persona, gracias a Dios tengo mi trabajo, y se lo pueden hacer notar las personas que trabajan conmigo”, dijo en entrevista para Reforma.
“Recibí amenazas por teléfono donde me estaban exigiendo dinero y si no les pagaba me iban a matar y a lastimar, entonces qué le pasa a la gente, que en lugar de ayudarnos, nos están matando", concluyó la trabajadora de la salud.
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