La ley educativa del estado de Nuevo León, al norte de México, ya establece la inclusión de “valores antiaborto” desde los grados de educación básica. Eso luego de que el Congreso local aprobó las reformas necesarias -para esa finalidad- a la Ley de Educación del estado.
Con dichas modificaciones, ahora el artículo 7 de la ley neolonesa establece: “Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre su formación para la vida adulta, incluyendo la planeación familiar, la paternidad y maternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana”.
Se trata de una reforma que empezó como iniciativa del diputado del Partido Encuentro Social (PES) -de tendencia conservadora-, Juan Carlos Leal, quien propuso las modificaciones ya señaladas en la educación impartida por el Estado, organismos descentralizados y particulares.
Varios legisladores criticaron este cambio a la ley. Por ejemplo la coordinadora del Verde Ecologista, Ivonne Bustos y el integrante de Morena, Luis Armando Torres, quienes consideraron que es una reforma retrógrada.
Precisamente, la legisladora independiente, Claudia Tapia, impugno la iniciativa -que ya es ley- al considerar que viola los derechos humanos porque incorpora visiones religiosas y morales en la educación, cuando debe ser laica, según lo establece la Constitución Política de México.
“Desde el término mismo de concepción (que no es un término científico, sino religioso), hasta el hecho de que transgrede claramente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por otro lado, también violenta los derechos de los educandos al adoctrinarlos en materia del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y del derecho de todas las personas a decidir sobre su muerte digna”, indicó la diputada.
Tapia Castelo insistió en que la reforma recién aprobada es inconstitucional, pues invade la esfera federal. Y es que, añadió, la planeación y programación globales del Sistema Educativo Nacional y la determinación de los principios rectores, y objetivos, son competencia de la Federación, como lo señala la Ley General de Educación.
“No podemos permitir que se continúe incorporando en nuestra legislación normas antiderechos. Es muy grave que se incorporen visiones moralistas e inconstitucionales en la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, que claramente violentan la laicidad en nuestra República. No al adoctrinamiento de nuestros niños. Todos los derechos para todas las personas”, alertó la legisladora independiente en Nuevo León.
Cabe señalar que apenas el año pasado se presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas hechas a la Constitución local, que establecen el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural. Hasta el momento, la SCJN aún no resuelve el tema, por lo que dependerá del criterio que adopten los ministros de la Corte, para que la reforma aprobada cobre vigencia o sea reformulada.
Por otro lado, en los mismos cambios en la ley, se establecen modificaciones a los artículos 49 y 51, relacionados con la inclusión de personas con capacidades especiales, para satisfacer sus necesidades de educación con respeto, equidad y sin discriminación.
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