Baja California en crisis política, sanitaria y económica

En Baja California se están dando las condiciones para una tormenta perfecta. A la crisis política por la investigación al ex gobernador Francisco “Kiko” Vega por presunta corrupción y la declaratoria de inconstitucional de la llamada Ley Bonilla, se suma la crisis de salud y económica generada por la pandemia de Covid-19 y el paro nacional debido al coronavirus y la cancelación de proyectos como una millonaria planta cervecera.

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia de Baja California cateó una propiedad del ex mandatario panista quién al igual que su esposa es investigado por el presunto desvío de al menos 1,500 millones de pesos.

La Fiscalía también investiga a Brenda Ruacho, esposa de “Kiko” Vega por los presuntos delitos de coalición de servidores públicos y negociación ilícita. La denuncia penal contra la ex primera dama estatal la presentó la Secretaría de Gobierno de Baja California, luego de detectar presuntas irregularidades en la construcción de una estancia infantil por 7 millones de pesos en la que participó Ruacho como presidenta del patronato DIF Estatal.

Alrededor del mediodía del viernes, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, acompañados de peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, ingresaron a la vivienda con la finalidad de allegarse de elementos para robustecer la carpeta de investigación que se instruye contra Ruacho.

“Kiko” y su familia no se encontraban en el inmueble del exclusivo fraccionamiento tijuanense. El cateo finalizó tras cuatro horas y media de buscar pruebas en la casa de los Vega. De acuerdo con imágenes de la propia Fiscalía, se observa como peritos de la dependencia ingresaron y sacaron de la residencia cajas con documentos.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la llamada Ley Bonilla, con la que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pretendía ampliar de dos a cinco años su mandato.

El máximo tribunal del país declaró invalida la reforma al artículo octavo de la Constitución de Baja California para ampliar el periodo de gobierno del morenista.

Los ministros respaldaron por unanimidad el proyecto del ministro Fernando Franco para revertir la Ley Bonilla, mismo que considera que viola los principios democráticos de la Constitución y de certeza electoral, seguridad jurídica y no reelección.

Por su parte Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, señaló que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California constituyó un “gran fraude a la constitución y el sistema democrático”.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aceptó la decisión de la Suprema Corte, pero cuestionó la postura de los ministros.

Hasta la tarde de este martes, se registran 2,524 casos confirmados de Covid-19, 940 sospechosos y 433 defunciones a nivel estatal, siendo uno de los cinco estados con más casos de coronavirus.

A mediados de marzo se llevó a cabo una consulta ciudadana en la que votaron 36,781 personas, de las cuales, 8,547 (23.3%) se pronunciaron a favor del proyecto de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, mientras que 27,973 (76.1%) votaron en contra de la obra.

El proyecto de Constellation Brands fue anunciado en el año 2016, se calculaba que esta planta tendría una capacidad de 10 millones de hectolitros, una inversión de 1,500 millones de dólares y quedaría completada en cuatro o cinco años.

Su ubicación estratégica en el kilómetro 10.5 de la carretera Mexicali-San Felipe, en el valle de Mexicali permitiría atender al estado de California, en Estados Unidos, considerado como el mayor mercado de cerveza de esta empresa. Constellation Brands es la tercera cervecera más grande de Estados Unidos y es dueña de las marcas del mexicano Grupo Modelo en nuestro país.

Y en medio de la pandemia y la contracción económica, el Congreso de Baja California aprobó dos nuevos impuestos que aportarían al menos 40 millones de pesos al mes al erario estatal. Se trata del impuesto “ambiental” a expendedores de combustible y un gravamen de 1.5% para las plataformas de internet de entrega de comida a domicilio. De ellas se desconoce cuántas existen en el estado.

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