
El pasado jueves 16 de abril, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expresó la gran necesidad de liquidez para estabilizar economías y mercados, ello bajo el contexto de crisis que la pandemia ha generado. Lo anterior lo afirmó en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se celebró de manera virtual en apego a la contingencia sanitaria.
En contraste, la falta de medidas contracíclicas por parte del Ejecutivo de frente a la COVID-19 han repercutido aún más en la economía mexicana, sin tomar en cuenta la gran salida de capitales en economías emergentes como lo es la local.
Ante tales emergencias en distintos frentes, han sido los sectores industriales y legislativo los que han instado al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que se analicen las medidas, negociaciones e implementaciones para mantener la liquidez, la economía y los empleos en el país. Sin embargo, hasta el momento la postura presidencial ha distado de dar apoyo a las empresas en todos sus niveles, argumentando que no se adquirirá deuda pública y que, por el contrario, la apuesta de su administración se basa en la creación de empleos a través de la obra pública.
Por lo anterior, el pasado domingo 19 de abril, los coordinadores de bancada de oposición en el Senado condicionaron su asistencia a la sesión sobre la Ley de Amnistía promovida por AMLO, misma que incluso se posicionó por parte del Ejecutivo por encima de la jornada de sana distancia, obligando a que se celebrara sesión en el pleno del Senado. La condicionante por parte del legislativo radicó en dar prioridad a la propuesta de Amnistía en paralelo con la toma de debate sobre un plan nacional de emergencia sanitaria. Sin embargo, la carta fue ignorada y con ello, los dirigentes de bancada cumplieron con la ausencia con la que habían condicionado su participación en la iniciativa de AMLO.

Estrategias, decisiones y acciones de frente a la pandemia
Por su parte, las cabezas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron una propuesta basada en 4 puntos con el objetivo de rescatar empleos. Esta se difundió a través de una carta publicada en los diarios de los 32 estados de la República, a través de la que el Sindicato Patronal invitó a los trabajadores a apoyar el Salario Solidario como medida para proteger a los 14 millones de trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos.
En el financiamiento de dicho rescate, la Coparmex propone al Ejecutivo el rescatar los empleos de los trabajadores, quienes ante la imposibilidad de reanudar actividades a razón de la contingencia sanitaria puedan valerse de fondos suficientes, mismos que el sector industrial apunta que pueden provenir de la suspensión de la construcción de obra pública o proyectos que había venido empujando la 4T como lo son: el tren maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, así como la construcción de estadios de béisbol.

El objetivo de Coparmex apunta a la unión de trabajadores con sus empresas, además de hacer hincapié en la gran relevancia que tienen las aportaciones del sector obrero en la economía nacional. Con base en lo anterior, la Confederación hizo cuatro llamados, sobre los que destacan:
- Que los trabajadores y las empresas se mantengan unidos, como la fuente relevante de ingresos que significan para el país (20.6 millones de empleos formales) resistiendo a los mensajes de algunos gobernantes y políticos que pretenden dividirlos, pues las empresas son proyectos de personas que están comprometidas con sus trabajadores, están batallando para pagar puntualmente los salarios, impuestos y gastos operativos
- Exigir al Presidente y autoridades correspondientes un plan de reactivación económica que asegure en todo momento la salud de los empleado
- La implementación del Salario Solidario a fin de conservar la mayor cantidad de empleos posibles

Esta es una medida progresiva que beneficia a quienes reciben un salario más bajo, dado que la totalidad de su ingreso la aportarían las empresas junto con el gobierno a través de un subsidio temporal; se reconoce la viabilidad financiera para la Hacienda Pública.
Esta propuesta, que requiere de una inversión gubernamental mensual de 96 mil 311 millones de pesos, beneficiará a 14 millones 149 mil 645 trabajadores que ganan entre uno y tres salarios mínimos; 5 millones 350 mil 678 empleados cuyo ingreso oscila entre 3 y 10 salarios mínimos y finalmente un millón 113 mil 213 colaboradores que su salario es mayor a los 10 salarios mínimos al mes.
Su implementación se podría llevar a cabo a través del uso de la la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que adquirió el actual secretario de Hacienda a finales de 2019, la cual asciende a los 61 mil millones de dólares. El monto máximo de aportación del gobierno para cubrir el salario solidario (3 meses en caso de prolongación de la pandemia) equivale al 20% de la línea de crédito.
De no acceder a la contratación de deuda pública, la propuesta sería viable a través de la reorientación del gasto público de obras no esenciales (como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya), dejando intacto el presupuesto para los programas sociales, el gasto corriente, sobre todo aquel dedicado a educación o salud y el asignado a estados y municipios.

4. Que las empresas, los trabajadores y las autoridades, incluyendo al Gobierno Federal logren un Acuerdo Nacional, que genere consensos para atacar a la crisis en equipo, con el objetivo de proteger a la economía mexicana a través de un impulso al empleo y a las fuentes de trabajo como ya hacen gobiernos de distintas ideologías, en otros países de América Latina, Asia y Europa.
Será a lo largo de abril y mayo que la Coparmex dé seguimiento a las iniciativas mencionadas a través de diferentes acciones a realizarse a lo largo del presente año.
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