
La Cámara de Diputados acusó este jueves formalmente a Rosario Robles, ex titular de dos secretarías de Estado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y que se encuentra en prisión preventiva acusada de ejercicio indebido del servicio público, por “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos” durante el ejercicio de sus funciones.
El Pleno de la Cámara Baja aprobó la acusación de manera unánime, con 271 votos a favor y ningún voto en contra ni abstenciones en una sesión donde una parte importante de la oposición, encabezada por el PAN (Partido Acción Nacional) se ausentó en protesta por la no suspensión de los trabajos legislativos a causa de la crisis de coronavirus.
Y es que el recinto de San Lázaro se convirtió este jueves en un Órgano de Acusación por primera vez en 93 años, luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados concluyó que había lugar a acusar a Robles Berlanga ante el Senado.

Las acusaciones contra la ex titular de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y de Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) están relacionadas con los “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”.
La Sección Instructora señaló que la mujer de 64 años supuestamente violó los artículos 126 y 134 de la Constitución mexicana, así como de diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras.
Por esto, los legisladores recomiendan que Robles Berlanga sea sancionada con la inhabilitación para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de 20 años.

De acuerdo con las conclusiones de la Sección Instructora aprobadas por el Pleno se asegura que durante el periodo en el que ocupó ininterrumpidamente el encargo de Secretaria, tanto en Desarrollo Social como en Sedatu, “se implementó una red de derivación de recursos públicos con un modus operandi sistemático y continuado”.
Esto se refiere directamente a la “Estafa Maestra”, como se le denominó a una investigación derivada de la publicación periodística que mostró que la ex funcionaria habría dado contratos irregulares por 7,670,000 de pesos a 186 empresas fantasmas entre el año 2013 y 2014.
La Sección Instructora señaló también que “se encuentra acreditado que los actos y omisiones relacionados en la fracción anterior son responsabilidad de la ciudadana, lo que actualiza las causas que redundan en perjuicio de los intereses públicos".
Un día histórico en la Cámara de Diputados

Y es que la Cámara Baja vivió un día inédito en casi un centenar de años. En el Pleno, los legisladores que asistieron encontraron una disposición diferente a las faldas de la Tribuna, dos mesas con un mantel verde: uno para la denunciante, la diputada Tatiana Clouthier, y otro para la acusada, que en este caso fue representada por su abogado, Alberto Javier Sánchez Rojas.
Clouthier, la diputada de Nuevo León, fue la encargada de argumentar las acusaciones contra Robles Berlanga. “La corrupción ha puesto en riesgo los cimientos de la República”, dijo. “No es un tema de personas ni de partidos, no es de chivos expiatorios”, completó.

La defensa de la ex funcionaria, la única detenida relacionada con la “Estafa Maestra” hasta ahora, asegura que se trata de una persecución y que se usa a Robles como chivo expiatorio. Sin embargo, Clouthier aseguró que “sí sabía y sí supo lo que sucedió en su dependencia”.
Por su parte, el abogado defensor Sánchez Rojas, durante el tiempo otorgado para su argumentación, señaló que el juicio político contra su cliente era “un atropello a los derechos humanos” que “como persona y mujer le corresponden a Rosario Robles”.

Clouthier a su vez respondió durante la etapa de réplicas que “no se violó el derecho de una mujer” sino “el de millones de mexicanas a las que se les quitó el recurso público”. “El juicio tiene bastante tiempo, no hay atropello, no podemos pensar que porque una mujer hace o comete presuntos delitos la ley tendría que ser distinta”, aseveró.
Sánchez Rojas contraatacó y destacó que en el juicio político de su cliente se perseguía el escarnio público y había un deseo de “exhibirla en su persona y en su honra”, algo que en su argumentación viola el artículo 22 constitucional. “Quieren imponer una pena de infamia prohibida por el estado de derecho”, concluyó.
Vale recordar que la sesión especial estuvo interrumpida durante más de media hora debido a que trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados dieron un portazo en la sala de sesiones e impidieron el desarrollo de la misma debido a una protesta contra una iniciativa que, en su opinión, buscaba quitarle facultades a su organización.

Robles, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter, administrada por un tercero, un mensaje de puño y letra. “Del tamaño de su atropello es el odio y el miedo que me tienen. Ninguna ‘fuerza moral’ puede construirse abusando del poder para ejecutar una venganza cargada de saña. Esto va para el que tira la piedra y esconde la mano”, señaló.
Tras la votación unánime para proseguir con el juicio político, los diputados votaron también una comisión de legisladores que deberán sostener la acusación aprobada por la Cámara Baja ante el Senado, encabezada por el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, de Morena, el partido con mayoría en el Congreso.

Al diputado morenista lo acompañarán su correligionaria Martha Patricia Ramírez y la legisladora del PT (Partido del Trabajo), Ana Ruth García.
Sin embargo, las fechas para continuar el proceso se encuentran en la incertidumbre total. La Cámara de Diputados suspendió a partir de mañana sus sesiones, con la anuencia del Senado, y no hay una fecha tentativa para su regreso.
El Senado, por su parte, todavía no ha anunciado la suspensión de labores, pero adelantó que en cuanto las autoridades sanitarias lo dispongan, lo harán. Y es que México atraviesa una crisis sanitaria que ha impactado al mundo entero: la epidemia de coronavirus, o COVID-19, de la cual ya hay 118 casos confirmados y una muerte por el padecimiento hasta ahora.
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