Sergio Aguayo evitó embargo tras pagar 450,000 por su pleito legal con Humberto Moreira por “difamación”

El politólogo y docente tendrá que pagar un porcentaje de los 10 millones de pesos que le fue impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

El periodista, politólogo y académico mexicano Sergio Aguayo, reconocido por su larga trayectoria en diferentes medios de comunicación, tendrá que pagar una garantía de 450,000 pesos, por concepto de daño moral en prejuicio del ex Gobernador de Coahuila y ex líder del PRI, Humberto Moreira Valdés.

El juez 16 de lo Civil, Francisco Castillo González, autorizó embargar los bienes del académico y articulista, mientras que la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx), Delia Rosey Puebla, fijó dicha garantía para suspender una condena por la suma de 10 millones de pesos, es decir, el nueve por ciento, para que no se le embargaran sus bienes.

“La cantidad corresponde al nueve por ciento de interés sobre la cantidad líquida a que se condenó a la quejosa (Aguayo) a pagar al tercero interesado (Moreira), que son 10 millones de pesos, y por seis meses, tiempo actual de duración del juicio de amparo, y que tiene por objeto garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado”, detalló la colegiada al diario Reforma.

El pasado 12 de octubre, Aguayo aseguró que promovería el amparo contra la demanda interpuesta por Moreira, en la que se determinó que habría de pagar 10 millones de pesos. Asimismo, en ese momento, el también docente dijo que seguirá indagando sobre la violencia sucedida en aquella entidad durante la gestión del ex priista.

Moreira, ex gobernador del estado de Coahuila, ubicado en el norte de México, entre 2005 y 2011, demandó a Aguayo para que le pagara una indemnización de 10 millones de pesos después de que el periodista dijera que la carrera del político “olía a corrupción” y que era “un ejemplo de impunidad”.

En junio de 2016, Moreira interpuso dicha demanda en contra de Aguayo, luego de que éste publicara en enero del mismo año una columna sobre el ex Gobernador.

Moreira es un político que desprende (un) hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, se leía en la columna “Hay que esperar”, publicada en el periódico Reforma el 20 de enero de 2016.

De acuerdo con Aguayo, la demanda fue realizada para intimidarlo y desgastarlo, debido a que el periodista dirigía una investigación sobre la masacre de Allende, una localidad de Coahuila, ocurrida en 2011, durante el gobierno de Moreira, donde el grupo narcotraficante de Los Zetas desapareció a un número indeterminado de personas.

Moreira, además de gobernar Coahuila, fue también presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI, de centro-derecha) durante unos meses de 2011. Antes, había sido alcalde de la capital de dicho estado, Saltillo.

En enero de 2016, el año en que demandó a Aguayo, Moreira había sido arrestado en Madrid por estar acusado de lavado de dinero, organización criminal y malversación de fondos, pero fue liberado un semana después por falta de pruebas. “Han manchado mi honor”, declaró al volver a México.

Moreira fue destituido del PRI a mediados de 2017, pero unos meses después el Tribunal Electoral mexicano lo restituyó debido a que encontró deficiencias y fallas en el debido proceso.

Apelará en instancias internacionales

Esta mañana en el programa radiofónico Así las cosas, Sergio Aguayo lamentó decisión del Tribunal.

Yo no incurrí en ningún delito. En el sistema judicial capitalino solo he recibido muestras de parcialidad sorprendente, alejadas de la equidad, yo me espero cualquier barbaridad y el magistrado puede hacer lo que quiere sin que alguien le diga nada”, señaló Aguayo.

Sin embargo dice que lo que viene: "son cuatro caminos a seguir. El primero es seguir impugnando, aunque el poder judicial no cambia a pesar de que la izquierda ha estado desde 1997. El segunda es la justicia federal, posteriormente instancias internacionales, comisiones de protección de periodistas que están preparando escritos ante la justicia federal.

Además señaló que su caso es uno más de una larga lista, "de poderosos que buscan indemnizaciones millonarias para desgastar y mermar la libertad de expresión.

El camino es cambiar las leyes, Artículo19 y Propuesta Cívica, que será apoyada por Tatiana Clouthier y Martha Tagle, para modificar la legislación porque cualquiera pueda ser demandado en base en su honor por que los jueces lo permiten”.

Por su parte la directora de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas señaló en el mismo programa que “es un precedente preocupante porque se criminaliza la opinión y ésta no debe ser sujeta a persecución, porque buscan minimizar el debate público”.

Además defendió que en el proceso anterior “el juez de la primera estancia reconocía que (Moreira), al ser un ex funcionario público, estaba sujeto a las reglas de escrutinio público como no lo tiene cualquier ciudadano. El Tribunal está utilizando el aparato del estado y recursos públicos para inhibir el debate público y eso ataca al periodismo, y no debe ser sujeto de persecución ni criminalización”.

“Puede afectar seriamente la libertad de expresión en México”: ONUDH

Por su parte, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, también se manifestó y alertó el riesgo que trae esta decisión para el ejercicio de la libertad de expresión, al tiempo que sugirió realizar cambios normativos para evitar la autocensura.

"Puede afectar seriamente la libertad de expresión en México, en particular por el monto exorbitante que se le ordena pagar a un académico y periodista”, en tanto que “la reacción cautelosa de la prensa ante esta sentencia puede ser una muestra de este efecto intimidatorio”.

Para la ONU-DH el caso puede tener un “efecto silenciador para futuros señalamientos sobre la actuación de funcionarios púbicos que pudieran tener responsabilidades en relación con violaciones de derechos humanos, debilitando la rendición de cuentas”, toda vez que uno de las razones por las que Moreira demandó a Aguayo fue porque el columnista refirió que el ex gobernador sería responsable “por lo menos por omisión, de graves violaciones de derechos humanos perpetrados bajo su gestión”.

Para Jarab “la llamada ‘protección del honor’ de destacadas personalidades contrasta con la falta de respeto hacia la presunción de inocencia en general, cuando las autoridades hacen afirmaciones que estigmatizan o criminalizan a personas que no pertenecen a la élite, incluidas a las propias víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos”.

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