
La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo la madrugada del martes 14 de julio a Rafael N, empresario del sector farmacéutico identificado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl. La captura se concretó alrededor de las 4:00 horas en el fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula, tras una orden de aprehensión obtenida después de meses de análisis de cámaras, reconocimientos de víctimas y trabajo pericial que vincularon al detenido con al menos 10 ataques a automovilistas.
El operativo no ocurrió sin resistencia. Al momento del ingreso al domicilio, Rafael N abrió fuego contra los agentes ministeriales, por lo que las autoridades repelieron la agresión antes de concretar la detención.
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La investigación arrancó sin denuncias: el primer reporte llegó por redes sociales
Los primeros ataques ocurrieron en abril de 2026, pero ninguna víctima se presentó ante las autoridades. El fiscal de investigación metropolitana, José Luis Hernández González, explicó en conferencia de prensa que la Fiscalía inició sus pesquisas a partir de publicaciones en redes sociales, no de una denuncia formal.
La situación cambió a principios de junio, cuando un joven lesionado por arma de fuego acudió a declarar. Ese testimonio abrió la puerta a las 10 denuncias que acumuló el expediente: una por tentativa de homicidio calificado y nueve por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.
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Hernández González subrayó que el miedo frenó a las víctimas. “Nadie venía a denunciar”, afirmó, y reconoció que el avance real de la investigación dependió de que las personas se animaran a presentarse.
El vehículo sin placas y el patrón que tardó semanas en definirse
El vicealmirante Francisco González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, describió el obstáculo central de la investigación: el atacante no seguía un horario fijo, no repetía el mismo tramo de la avenida y operaba con el factor sorpresa como herramienta principal. Ese esquema irregular obligó a los investigadores a construir un patrón de conducta desde cero, evento por evento.
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La revisión de los sistemas de videovigilancia disponibles en la Vía Atlixcáyotl fue el punto de quiebre. Tras analizar alrededor de 10 casos documentados, los analistas detectaron que un mismo vehículo aparecía de forma recurrente en los momentos previos o coincidentes con cada ataque.
La unidad no portaba placas, lo que prolongó el seguimiento. González reconoció que esa circunstancia retrasó la identificación del vehículo y, por extensión, la del conductor.
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Cámaras de C5, peritos forenses y el polígono criminal que acotó la búsqueda
La Fiscalía construyó un polígono de incidencia criminal sobre la Vía Atlixcáyotl y solicitó la revisión de todas las cámaras disponibles en ese corredor: las del sistema C5, las de hoteles, departamentos y negocios privados. Hernández González precisó que los tiempos aproximados de cada impacto, obtenidos de las primeras denuncias, sirvieron de guía para filtrar el material de video.
El Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado aplicó el sistema FARO, una tecnología de reconstrucción tridimensional, para establecer las trayectorias de los proyectiles, las distancias y los ángulos de disparo en cada uno de los eventos. Esos análisis permitieron detectar convergencias entre carpetas de investigación que, en un principio, parecían hechos aislados.
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“La Fiscalía no partió de una conclusión inicial”, aclaró el fiscal. Cada carpeta aportó elementos que se complementaron entre sí hasta conformar lo que describió como “una convergencia de pruebas compatibles, reiteradas y concatenadas”.
Los reconocimientos de víctimas y la solicitud de órdenes ante el juez
Una vez que los peritos determinaron la ubicación probable del tirador en cada evento, las personas que habían denunciado fueron convocadas para realizar reconocimientos. Varias de ellas confirmaron que las características físicas de Rafael N coincidían con las del individuo que observaron en el momento del ataque.
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Con ese conjunto de pruebas —imágenes de C5, análisis forenses, reconocimientos y la trazabilidad del vehículo— la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad celebraron mesas de trabajo conjuntas. González describió esas sesiones como el espacio donde se cruzó la información de inteligencia con las exigencias procesales de la Fiscalía.
Hernández González fue explícito sobre la base legal del operativo: “Son pruebas fieles, obtenidas de manera legal, respetando los principios de legalidad y objetividad”. Esa certeza permitió solicitar a la autoridad jurisdiccional una orden de aprehensión y dos órdenes de cateo simultáneas.
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El operativo del 14 de julio y la balacera en Residencial Santa Fe
Las dos órdenes de cateo se ejecutaron de forma paralela en la madrugada del martes. Una apuntaba al fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula; la otra, a un inmueble en la colonia Benito Juárez, sobre la 27 Sur entre 29 y 31 Poniente, en la capital poblana.
En el primer domicilio estaba Rafael N. Al tocar su puerta, el empresario disparó contra el personal operativo e impactó varios vehículos de las autoridades. La agresión derivó en una nueva carpeta de investigación por intento de homicidio agravado y daño en propiedad ajena en su contra.
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El operativo contó con la participación conjunta de agentes ministeriales de la Fiscalía, elementos de la Policía Estatal y personal de la 25ª Zona Militar. Al momento de la detención, Rafael N se encontraba acompañado por su esposa y sus hijas.
Rafael N: empresario farmacéutico con contratos en gobiernos anteriores de Puebla
El detenido fue identificado como un hombre de aproximadamente 65 años, de origen español, con trayectoria en el sector farmacéutico poblano. Fungió como proveedor de medicamentos y equipo médico durante las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, y también fue propietario del Grupo Emprendedor Gasolinero.
En 2013, su empresa Biotecnología CADO SA de CV obtuvo una adjudicación de 26 millones 203 mil pesos mediante la licitación pública internacional LPI-103T00000-003-12. Registros previos también lo vincularon con la asignación directa de 94 millones de pesos en contratos de mantenimiento preventivo y correctivo a otra empresa de su propiedad, en enero de 2011.
El niño de ocho años con una bala en la mandíbula
Entre las víctimas atribuidas al tirador de Atlixcáyotl se encuentra Jesús Elías, un menor de ocho años que recibió un disparo en enero mientras su madre lo llevaba a la escuela por el Periférico Ecológico de Puebla. La bala se alojó en el hueso de su mandíbula y los médicos decidieron no extraerla.

Su madre narró el episodio en el podcast Historias de la vida real: al notar la sangre, trasladó al niño de inmediato al hospital, donde le informaron que la extracción representaba un riesgo mayor que mantener el proyectil en su lugar. La lesión de Jesús Elías sustentó el cargo de tentativa de homicidio calificado incluido en el expediente.
González cerró su intervención con un reconocimiento al trabajo de gabinete que hizo posible el resultado. “Ha sido una labor dura, complicada”, dijo, y advirtió que la investigación aún guarda información bajo reserva. “En un futuro ustedes se van a poder dar cuenta de quién era esta persona”, concluyó el vicealmirante.
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