Al asumir la presidencia de México el año pasado, Andrés Manuel López Obrador ofreció una solemne promesa a la prensa en su país: no más asesinatos de periodistas. Prometió respetar la libertad de expresión, acabar con la censura y tener un ‘diálogo circular’ con los medios. Fue un mensaje necesario y refrescante en un país donde la libertad de expresión está en plena situación de crisis.

Lamentablemente, a siete semanas de cumplir un año en funciones, el gobierno de López Obrador está lejos de cumplir sus metas en materia de libertad de expresión. La violencia y la impunidad que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en el mundo no han cesado. Además, el mismo presidente no ha fortalecido las instituciones que buscan mejorar esa situación y ha generado inquietud entre el gremio por numerosas confrontaciones con la prensa.

Esa prensa, desde hace más de una década, se encuentra en lo que sólo podemos describir como un estado de sitio. Según cifras del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), tan sólo en los últimos cinco años, por lo menos 47 periodistas han sido asesinados. Por lo menos 21 periodistas han sido desaparecidos, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cifra más alta del mundo.

Además, la violencia va aumentando cada año. Desde el año 2014 nos hemos percatado un incremento anual en el número de asesinatos, culminando por lo menos once asesinatos en lo que el año 2019. Si bien México desde hace mucho tiempo ha sido el país más mortífero para la prensa en el hemisferio occidental, este año tiene el trágico estatus de ser el país más letal al nivel mundial.

Pero las y los reporteros mexicanos no sólo sufren violencia letal. A diario, medios y reporteros reportan todo tipo de agresiones, desde amenazas, privación ilegal de libertad y robo de equipos hasta tortura y hostigamiento en redes sociales. Todos los indicadores se encuentran en el rojo.

Más allá de la violencia ‘clásica’, la prensa mexicana además es el blanco de nuevos tipos de agresiones. El hostigamiento judicial se ha incrementado notablemente en los últimos tres años; cada vez más medios y periodistas se ven obligados a enfrentar demandas por daño moral, a menudo instigadas por poderosos actores políticos, con el fin de censurar información que afecta sus intereses.

Casos notables son las demandas del expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra el intelectual Sergio Aguayo, y del exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, contra el periodista de investigación Humberto Padgett.

Por si fuera poco, el mismo Estado mexicano, en diferentes niveles, ha sido acusado de espionaje. Bien documentado es el caso del uso de Pegasus, un malware diseñado por una empresa de seguridad israelí, comprado por el gobierno federal durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, y el uso de servicios de la empresa italiana Hacking Team por el gobierno del estado de Puebla, hace unos años.

La palabra clave en este ambiente sumamente preocupante es ‘impunidad’; casi ningún crimen contra la prensa ha sido resuelto. Tanto las autoridades estatales como federales, cada vez de nuevo, han mostrado su incapacidad, o incluso su falta de voluntad, de emprender investigaciones transparentes y creíbles.

De por si ese dato no debería sorprender; según los indicadores de las organizaciones dedicadas a la defensa y la promoción de la libertad de expresión, autoridades municipales y estatales en México a menudo son los perpetradores principales de agresiones contra la prensa, por lo general en colusión con la delincuencia organizada. En conjunto, forman el fenómeno de la narcopolítica. Por supuesto, los medios y periodistas mexicanos tienen poca confianza en la capacidad y la voluntad del estado de protegerlos y resolver los crímenes que los han victimizado.

No se puede hablar de la inseguridad para la prensa sin mencionar la precariedad laboral que muchos periodistas en México viven a diario. Despidos masivos, sueldos bajos, falta de prestaciones y presión constante por conseguir la nota no sólo incrementa la inseguridad, sino también genera la sensación que las y los periodistas están solos en enfrentar la violencia.

Si bien el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó esa crisis multifacética de sus antecesores, hasta la fecha no se ha mostrado capaz de resolverla.

Mientras la violencia crece y la impunidad sigue casi total, el gobierno federal no ha fortalecido las instituciones que fueron diseñadas para proteger a las y los periodistas. El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, carece de financiamiento, personal, capacitación de sus funcionarios y una visión realmente integral. La Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo ha logrado 14 sentencias desde su formación en 2010, ninguna en un asesinato.

El mismo presidente, de mientras, a diario enfrenta a la prensa con un lenguaje agresivo y confrontante durante las ya famosas conferencias de prensa mañaneras, llamado a periodistas críticos ‘fifi’, ‘neoliberal’ o ‘conservaduristas’. En ocasiones, ha dejado claro que la prensa incluso debería ‘tomar partido’ y apoyar a su proyecto de gobierno, la llamada ‘Cuarta Transformación’. Dichos enfrentamientos con la prensa han provocado oleadas de hostigamiento en redes sociales e incluso amenazas por parte de personas que apoyan al gobierno, un escenario que genera ansiedad e una sensación de más inseguridad en el gremio.

A pesar del escenario ostentosamente pesimista, hay mucho que el gobierno de López Obrador puede hacer para mejorar la situación. Una FEADLE más proactiva y mejor capacitada que se pone como metas resolver más casos de asesinatos podría realmente combatir la impunidad. Un fortalecimiento del Mecanismo de Protección que diseña modelos de protección y cuidado a las víctimas, con mejor capacitación y financiamiento, es clave para sacar a las y los periodistas del aislamiento.

En México, nos hemos acostumbrado a la violencia y la impunidad como ‘parte de la vida’ diaria de la prensa. La normalización de la continua crisis de libertad de prensa es uno de los retos más grandes para un presidente que aun no se ha mostrado convencido del papel fundamental que tiene la prensa para el gran proceso democrático que pretiende ser la Cuarta Transformación. La pelota está en la cancha de Andrés Manuel López Obrador. El círculo de violencia e impunidad puede ser roto, pero sólo si su gobierno realmente muestra la visión, el compromiso y la voluntad que prometió a una prensa sitiada cuando asumió su cargo.

* Representante en México del Committee to Protect Journalists (CPJ)

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