La DEA endurece discurso sobre funcionarios mexicanos y los vincula con los cárteles: “Hay una conexión mortífera”

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión mortífera” entre los cárteles del narcotráfico y funcionarios mexicanos que presuntamente facilitan sus operaciones, y advirtió que la agencia perseguirá a quienes permitan la actividad criminal desde el servicio público.

La declaración ocurrió este lunes durante la cumbre Fentanyl Free America, realizada en Orlando, Florida, en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. El pronunciamiento se dio dos meses y medio después de que fiscales de Estados Unidos presentaran cargos penales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, dentro de un proceso judicial que permanece abierto.

Durante su intervención, Cole sostuvo que la estrategia de la agencia no se limitará a los integrantes de los grupos criminales, sino también a las personas que, desde posiciones de poder, presuntamente permitan su funcionamiento.

“Hay una conexión mortífera entre los cárteles y quienes, desde el servicio público, facilitan sus operaciones”, afirmó el funcionario estadounidense.

Cole sostuvo que la DEA enfocará sus acciones contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, pero también contra quienes presuntamente faciliten sus operaciones desde cargos públicos.

Sus declaraciones ocurrieron dos meses y medio después de que fiscales estadounidenses presentaran cargos penales contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso y, hasta ahora, no existe una resolución que determine la culpabilidad de los señalados ni que establezca vínculos entre el Gobierno de México, como institución, y organizaciones criminales.

Estos son los nueve funcionarios acusados por EEUU de presunta protección al Cártel de Sinaloa

La acusación incluye a servidores públicos y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos sobornos, filtración de operativos y uso de sus cargos para favorecer las actividades del grupo criminal

Los señalamientos, presentados el 29 de abril de 2026, incluyen delitos relacionados con narcotráfico, protección a una organización criminal y posesión ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Entre los acusados se encuentran:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, señalado de presuntamente permitir operaciones del cártel a cambio de apoyo político y electoral, así como de colocar funcionarios afines a los intereses de la organización.
• Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Gobierno estatal, acusado de presuntamente servir como enlace entre la administración estatal y la facción de “Los Chapitos”.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado de presuntamente colaborar como intermediario entre funcionarios y líderes criminales, además de proporcionar información sobre rivales políticos.
• Dámaso Castro, vicefiscal general de Sinaloa, acusado de recibir pagos para alertar sobre operativos contra laboratorios y miembros del grupo criminal.
• Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación de Sinaloa, señalados de presuntamente recibir sobornos para permitir operaciones del cártel y favorecer la liberación de integrantes detenidos.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, acusado de proporcionar información anticipada sobre operativos para permitir el movimiento de drogas y equipo.
• José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, subdirector y luego comandante de la Policía Estatal, recibió pagos mensuales de hasta seis mil dólares, permitiendo la operación de los “Chapitos”, ubicando agentes leales en posiciones clave, vendiendo munición a la organización y alertando sobre operativos.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, habría recibido más de 10 mil dólares mensuales en efectivo, asegurando la protección del grupo criminal y permitiéndoles operar sin interferencia gubernamental.
• Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), comandante de la Policía Municipal de Culiacán, está acusado de colaborar en secuestros y homicidios por orden del cártel, incluyendo la entrega de víctimas a sicarios y la vigilancia de objetivos marcados por el grupo.

Los cargos forman parte de un proceso penal abierto en Estados Unidos. Hasta ahora, las acusaciones corresponden a señalamientos de fiscales estadounidenses y no existe una resolución judicial que determine la culpabilidad de los involucrados.