Los responsables de la “Verdad Histórica” de Ayotzinapa serán citados a declarar

El gobierno mexicano confirmó que todos aquellos funcionarios responsables de la llamada “Verdad Histórica”, la versión oficial de la administración de Enrique Peña Nieto (2006-2012) sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur del país en 2014, serán citados a declarar en las próximas semanas.

Así lo dijo el subsecretario de Derechos humanos, población y migración, Alejandro Encinas. “Es evidente que quienes participaron directamente en toda la construcción de la ‘verdad histórica’ serán convocados”, expresó este martes.

Encinas respondió el cuestionamiento de los medios sobre si Jesús Murillo Karam, ex Procurador general de justicia del gobierno de Peña Nieto durante la desaparición de los normalistas y también durante el periodo de investigación, sería llamado a comparecer, después de que la actual administración de Andrés Manuel López Obrador abriera de nuevo el caso por las inconsistencias anteriores.

“No solamente es convocar a declarar a funcionarios de la anterior administración. Ya ha habido declaraciones ministeriales, particularmente de gente del gobierno del estado (de Guerrero). Se han citado a otras personas a otros actores que no habían sido convocados y que no son funcionarios", añadió.

El subsecretario también adelantó que esperaba contar pronto también con declaraciones de “testigos que habían tenido reservas para hacer declaraciones”. Sin embargo, no detalló quiénes son esos actores.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.

Oficialmente, según la investigación del Gobierno de Peña Nieto, autondenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.

Apenas en junio pasado, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.

Tras la llegada de López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.

La Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a la nueva investigación, en un acuerdo en el que López Obrador fungió como testigo, para avanzar sobre todo en las líneas que el gobierno anterior dejó pendientes.

Entre los cambios bajo el nuevo gobierno está la apertura a otras líneas de investigación que fueron dejadas de lado o directamente ignoradas en el pasado. Un análisis de miles de llamadas, por ejemplo, indicaría que en realidad los alumnos no fueron incinerados en un mismo lugar, sino que fueron divididos en grupos más pequeños.

Así lo expresó Vidulfo Rosales, el abogado de las familias de los normalistas desaparecidos, a finales de diciembre. El hombre indicó que se llegó a esta conclusión gracias al análisis de más de 10,000 llamadas telefónicas que se realizaron antes, durante y después de los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre.

Encinas confirmó también que hay hasta 18 puntos distintos en el estado de Guerrero donde se ha buscado a los estudiantes. “En algunos lugares hemos verificado hasta en 20 o 30 puntos distintos, tenemos hallazgos positivos, no en todos los casos, aunque faltan desahogar áreas”, explicó.

Vale recordar que Encinas había dicho la semana pasada que “en un periodo muy corto de tiempo” se podría presentar una conclusión de la nueva investigación, que lleva un año de trabajos distintos, algunos menos publicitados que otros, para dar con el paradero de los jóvenes.

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