El caso de los 43 estudiantes de una Escuela Normal en el sur de México que fueron desaparecidos por fuerzas del Estado y que cimbró al país en septiembre de 2014, podría tener un nuevo giro: un análisis de miles de llamadas indicarían que en realidad los alumnos no fueron incinerados en un mismo lugar, sino que fueron divididos en grupos más pequeños.
Así lo expresó Vidulfo Rosales, el abogado de las familias de los normalistas desaparecidos. El hombre indicó que se llegó a esta conclusión gracias al análisis de más de 10,000 llamadas telefónicas que se realizaron antes, durante y después de los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre.
El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.
Oficialmente, según la investigación del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), autondenominada “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Sin embargo, el caso no se ha resuelto a pesar de que han pasado más de cinco años del hecho (63 meses hasta diciembre de 2019). Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echó abajo la versión oficial, denunció el uso de tortura en las investigaciones de este caso.
Apenas en junio pasado, un video con torturas a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmó que efectivamente se violaron derechos humanos en la investigación.
Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, el gobierno federal se comprometió a reiniciar las indagatorias para dar con el paradero de los jóvenes, además de investigar a los funcionarios que incumplieron en sus responsabilidades en el caso.
La Fiscalía General de la República (FGR) se comprometió a la nueva investigación, en un acuerdo en el que López Obrador fungió como testigo, para avanzar sobre todo en las líneas que el gobierno anterior dejó pendientes.
Rosales explicó este jueves que precisamente, después del análisis de las miles de llamadas, no hay ningún dato que apunte al basurero de Cocula, el sitio al que supuestamente fueron llevados e incinerados a cielo abierto los 43 estudiantes.
Además, el abogado de las familias de los 43 desaparecidos aseguró que “confían” en que habrá resultados para marzo o abril de 2020, y detalló que la Fiscalía mexicana trabaja en unas 20 líneas de investigación nuevas.
El próximo 8 de enero, Rosales y las familias de los normalistas se reunirán con Alejandro Gertz Manero, el Fiscal de la República, y un día después lo harán con el presidente López Obrador.
Como cada diciembre desde que desaparecieron, los padres y familiares de los estudiantes marcharon en el norte de Ciudad de México, rumbo a la Basílica de Guadalupe, donde se oficiará una misa a cargo de Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, la capital de Guerrero.
En la concentración también se unieron integrantes de sindicatos, incluida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la organización disidente del Sindicato de maestros.
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