En Cacahoatán, Chiapas, un grupo de habitantes detuvo, torturó y linchó –quemando vivo- a un sujeto que señalaron como presunto autor de la violación y asesinato de una niña de seis años. El episodio, como ocurre en casos similares, fue grabado y transmitido en vivo a través de distintas redes sociales y medios de comunicación. Ante ello, parte de nuestra sociedad, como es habitual en nuestra conversación pública, se dividió en dos: entre los que condenaban el episodio de furia colectiva y lo calificaban como acto de barbarie y quienes justificaban la violencia por mano propia como mecanismo para acceder a la justicia en una sociedad colapsada por la inseguridad y la impunidad.

Los linchamientos públicos no son acontecimientos desconocidos en nuestro catálogo de violencias. Por el contrario, los linchamientos se han presentado sistemáticamente a lo largo de todo el siglo pasado y lo poco que llevamos de éste. De hecho, podría decirse que la sociedad mexicana y los medios de comunicación han, hasta cierto punto, normalizado la ocurrencia de estos eventos, pues sin duda hoy no tienen el impacto mediático que en su momento generaron. Peor aún, el evento de Chiapas ocurrió en el contexto de otras noticias terribles, como los enfrentamientos entre fuerzas armadas federales e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y el trágico tiroteo en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila. Pero no por menos visible en los medios, podemos soslayar lo preocupante del suceso y reflexionar sobre las condiciones que hacen posible este tipo de hechos.

Existe un cúmulo enorme de investigaciones académicas sobre los linchamientos. De hecho, el fenómeno ha llamado la atención de los especialistas, principalmente por su aparente conexión con la barbarie, pues con regularidad se piensa a los linchamientos como eventos que sobrevienen en las orillas de la civilización y más allá de la razón. Lo cierto es que todo linchamiento es un proceso complejo, que inicia incluso desde antes de la ocurrencia de los acontecimientos que lo detonaron.

En primer término, es sin duda cierto que en los linchamientos intervienen emociones y sentimientos. La ira y la frustración, la indignación y el impulso de retaliación son poderosos mecanismos personales y psicosociales que catalizan la frustración de los grupos de linchadores. Además, el sentimiento de injusticia, la creencia compartida de infligir dolor, como forma mínima de reparación, impulsa a los perpetradores de linchamientos a castigar, sin juzgar al presunto culpable. Los perpetradores de los linchamientos no creen en el poder correctivo de las celdas, sino en el suplicio de las sogas, los azotes y las llamas. Pero además, actúan bajo la seguridad del anonimato y la impunidad. De la certeza de que la masa los oculta. De que en el colectivo se mimetizan. De que en esto, las autoridades tampoco harán cumplir la ley.

Bastan dos personas para hablar de un linchamiento. Sin embargo, con frecuencia involucran a toda una comunidad. Ya sea que el linchamiento ocurra en contextos rurales o urbanizados, muchas veces son barrios, colonias, comunidades o pueblos enteros los que organizan y ejecutan el linchamiento. Sin embargo, no se trata de una masa indiferenciada, sino de miembros de un colectivo que operan bajo cierta coordinación espontánea. La concatenación de eventos durante los linchamientos les lleva a adoptar distintos papeles. Hay quien golpea, está la persona que graba y transmite en redes, el que contempla e incluso no falta quien anima a la turba a terminar con el episodio. Todos forman parte de ese evento de acción colectiva, todos comparten cierto agravio e indignación y a todos impulsa ese anhelo de justicia.

En las últimas décadas, México ha registrado distintos periodos en que los linchamientos han repuntado, como en 1997, 2010 y 2013. Sin embargo, a partir de 2015 el fenómeno ha adquirido un carácter generalizado y la tendencia ha ido creciendo de forma constante y acelerada hasta 2018, que registró su peor momento. Según un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en ese 2018 México experimentó 174 casos de linchamientos, a diferencia de los 60 casos que se presentaron durante 2017.

En la explicación de los motivos y razones de los perpetradores de los linchamientos, los especialistas nos insisten en mirar el cuadro completo y entender los factores sociales que se encuentran detrás de estos episodios de violencia colectiva. No es casual que una buena parte de los linchamientos se concentran en algunos estados del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México. Se trata de espacios sociales en donde los habitantes han padecido una larga lista de agravios como secuestros, robos, homicidios, extorsiones y violaciones. Aquí, tanto la ineficiencia policial como la complicidad de las autoridades con los delincuentes –lo que se traduce en una enorme impunidad- han profundizado la crisis de confianza de los habitantes en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Por tanto, más allá de la responsabilidad de los grupos de personas que linchan, este fenómeno ocurre, en última instancia, ante el fracaso del Estado de derecho. En el fondo, el fenómeno del linchamiento expresa la incapacidad del Estado en proveer los tres principales bienes que hacen necesaria su presencia: proveer seguridad personal, seguridad patrimonial y seguridad jurídica.

No solo se trata de personas a quienes han despojado de bienes materiales o de la vida de familiares, sino que también son grupos que han sido despojados o excluidos de muchos de sus derechos, fundamentalmente sociales. Como trasfondo de los linchamientos se encuentran contextos de enormes precariedades y exclusiones, y no solo de violencias e impunidad. Si a ello agregamos eventos traumáticos que conmocionan y lastiman, que ignoran su derecho a la justicia, ante distintas formas de violencia delictiva y criminal, la única forma de “justicia” que los excluidos encontrarán será la justicia por mano propia.

Los linchamientos son actos de violencia colectiva que atentan contra la vida e integridad de la víctima, además de que viola su derecho a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Pero si no fuera suficiente, lastiman a las comunidades y grupos que los comenten y erosionan aún más el frágil entramado institucional. Es, por tanto, necesario repudiarlos en todos los sentidos. Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de mirar el contexto de fondo en que los linchamientos ocurren: un plexo social precarizado, con múltiples exclusiones e impunidad. Esto, no con la finalidad de justificarlos, sino de elaborar políticas racionales e integrales de prevención.

* Profesor-Investigador al Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede Región Centro

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