FGR lleva a proceso a ex funcionario y socio a García Luna por delincuencia organizada y peculado

La Fiscalía General de la República llevó ante un juez de control a Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Centros Federales de Readaptación Social en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y peculado.

La acusación lo sitúa como parte de una red criminal que, bajo el mando del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, habría desviado más de cinco mil millones de pesos del erario mediante contratos simulados y empresas fachada.

La autoridad impuso a Molina Díaz la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La autoridad judicial también fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La detención en la colonia Anáhuac

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron la orden de aprehensión en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Al momento de su captura, el imputado portaba identificaciones apócrifas con distintos nombres, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El operativo aseguró dos mil 500 dólares y 36 mil 590 pesos . Los indicios y el detenido quedaron a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

Los contratos que apuntan al desvío

Según el informe de la FGR, Molina Díaz firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales entre 2013 y 2018, período en el que habría participado en el desvío de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La FEMDO determinó que esos contratos habrían servido como instrumento para extraer fondos del Estado.

La red presuntamente involucró a familiares y colaboradores de García Luna, así como a socios de empresas que operaron como fachada. Los más de cinco mil millones de pesos habrían salido del sistema mediante esas estructuras simuladas.

El vínculo con García Luna

Genaro García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal durante el gobierno de Felipe Calderón, fue enjuiciado y hallado culpable en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Las investigaciones de la FEMDO apuntan a que su red de complicidades se extendió a funcionarios del sistema penitenciario federal, entre ellos Molina Díaz.

La pesquisa ubica al imputado como un eslabón dentro de esa estructura, con capacidad para suscribir compromisos contractuales desde su cargo en los CEFERESOS. La FGR no ha revelado los nombres de otros probables implicados en esta etapa del proceso.

Un perfil con otro proceso previo

El caso ante el juez de control no es la primera vez que el nombre de Molina Díaz aparece en una causa penal. Reportes periodísticos documentaron su vinculación a proceso en calidad de director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

En ese expediente, la FGR lo señaló como responsable de la seguridad y protección civil en la estación migratoria provisional de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 40 personas el 27 de marzo de 2023. Los videos del siniestro registraron la salida del personal del lugar mientras los migrantes permanecían dentro.

Presunción de inocencia y derechos en detención

La FGR subrayó que, al momento de su aprehensión, se le leyó a Molina Díaz la Cartilla de Derechos que asisten a las personas detenidas. El procedimiento se realizó en apego al debido proceso y con respeto a sus derechos humanos, según el comunicado oficial.

La autoridad también recordó que el imputado goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia condenatoria firme determine lo contrario. El proceso judicial avanzará durante los tres meses de investigación complementaria que fijó el juez de control.

El siguiente paso judicial

La FEMDO tiene ahora el plazo establecido por el tribunal para consolidar las pruebas que soporten los cargos de peculado y delincuencia organizada. La etapa complementaria definirá si la acusación se sostiene con la solidez suficiente para avanzar hacia un juicio oral.

El caso de Molina Díaz se suma a una cadena de procesos que la FGR ha abierto contra personas vinculadas al entorno de García Luna. La investigación sobre el desvío de recursos del sistema penitenciario federal continúa abierta.