Dan revés a Grupo México: reabrirán caso por río de Sonora, el mayor desastre ambiental de la historia de la minería en México

Uno de los casos que más impacto social tuvo en México fue el derrame tóxico de casi 40.000 metros cúbicos de la mina de Buenavista del Cobre, en el río Sonora. Tanta ha sido su relevancia que se ha considerado como el mayor desastre ambiental en la historia de la minería nacional y aunque hasta el momento sigue impune, esto podría cambiar, pues un juez federal ordenó reabrir la investigación en contra de una una subsidiaria de Grupo México.

De acuerdo con información del diario Reforma, Jesús Chávez Hernández, juez Décimo Tercero en Amparo Penal, giró instrucciones a la Fiscalía General de la República para cancelar los acuerdos con fecha del 27 de diciembre de 2017 y del 9 de julio del 2018, a partir de los cuales se archivaron las dos averiguaciones previas por aquellos hechos.

Esta determinación también impacta en la Subprocuraduría de Delitos Federales, ya que ésta instancia debe dejar insubsistentes las propuestas de no ejercicio de la acción penal, además de acumular las investigaciones y reconocer con el carácter de víctimas a los pobladores de Bacanuchi, quienes hasta ahora son daminificados de aquel derrame.

Esta podría ser una buena noticia para los afectados, pues en caso de que el fallo sea firme, tendrán la posibilidad de demandar por la reparación del daño, el cual se podría comprender desde la salud de las personas y desde su economía local, pues el derrame impactó en el turismo y en la comercialización de los productos de la zona.

Cabe recordar que por este desastre ambiental, la entonces Procuraduría General de la República inició un par de averiguaciones previas en contra de Grupo México. Una de ellas había sido por la denuncia que levantó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otra por la interpuesta por el Sindicato Minero, no obstante, ambas fueron archivadas.

Ante estas acciones, tanto pobladores como miembros del sindicato presentaron amparos cuando las autoridades rechazaron sus inconformidades, pero Grupo México, del empresario Germán Larrea, los impugnó cuestionando el interés jurídico de los quejosos y por ello solicitó que se desecharan.

El desastre del río Sonora que cambió la vida de un pueblo

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de la mina de Cananea generó el derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi. Esto dejó sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22.000 habitantes de siete municipios.

Además, la toxicidad del agua afectó a la economía regional, basada en agricultura, ganadería, minería, turismo y productos artesanales, actividades que fueron impactadas por la intoxicación con metales pesados.

A pesar del desastre ambiental, en aquel entonces el gobierno federal permitió que el consorcio Grupo México expandiera su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, ubicada a 23 kilómetros de Bacanuchi, un poblado que habitan 70 familias en el municipio de Arizpe, al norte del estado de Sonora.

Según el cálculo de la ONG Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una asociación civil que ha asesorado a los damnificados en los procesos legales contra Grupo México ante la Suprema Corte de Justicia en la Nación, el pueblo de Bacanuchi cabe 178 veces en la superficie de la nueva presa, lo que significa un riesgo mayúsculo para los habitantes río abajo.

“La afectación fue muy dura y real, todavía se vive, por más que digan que está limpio el río", sostuvo Óscar Pineda, investigador de esta ONG en una entrevista con la agencia EFE en el mes de agosto. También explicó que la relevancia de este hecho fue mucha, debido a la estela de impactos que dejó en la economía local y por la relación que tiene la gente con su territorio y con el río.

Tras el derrame tóxico, calificado por autoridades y especialistas como el mayor desastre ambiental de la historia de la industria minera en México, el gobierno federal obligó a la empresa responsable a pagar un fideicomiso por 2.000 millones de pesos, de los cuales solamente aportó 1.300 millones.

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