El jueves 12 de diciembre, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Hidalgo votó dividido y por esa razón se rechazó el dictamen que pretendía legalizar la interrupción del embarazo en esa entidad. Ante esto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido abrió un proceso en contra de los 10 diputados locales que no apoyaron la despenalización del aborto.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los nombres de los legisladores que se encuentran bajo un proceso dentro de la institución política a causa de la decisión que tomaron. Estos funcionarios son Jorge Mayorga, Nohemi Zitle, Doralicia Martínez, María C. Martínez, José L. Muñoz, José A. Hernández, Humberto Veras, Ricardo Baptista, Roxana Montealegre y Rafael Garnica.
Un punto relevante en torno a esta situación, informó el medio local Criterio Hidalgo, es que antes de la votación, Baptista González había mencionado que no existía un acuerdo dentro de la bancada del partido, sin embargo, también puntualizó que habían firmado con Yeidckol Polevsky, dirigente de Morena, sobre los tópicos que abordarían en la legislatura y uno de ellos era, de hecho, la despenalización del aborto.
Otra declaración que recogió el mismo medio del funcionario es que éste había pedido a sus compañeros legisladores no discutir la iniciativa, ya que este mes, la prioridad en el Congreso estaba enfocada en el presupuesto.
Respecto a los resultados del oficio, la Comisión informó que estos se indicarán de manera oportuna en cuanto los tengan a disposición. En este sentido cabe recordar que el legislativo local decidió la medida con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones. De Morena, los votos desfavorables para la medida fueron de parte de ocho diputados, mientras que dos se abstuvieron y sólo siete lo hicieron a favor.
“Hoy, los y las diputadas de Hidalgo le fallaron a las mujeres. La democracia les queda a deber a las hidalguenses”, dijo en Twitter el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización civil de derechos reproductivos. El dictamen buscaba reformar los artículos 154, 155, 165 157 y 158 del Código Penal, además de disposiciones de la Ley General de Salud de la entidad con el fin de tipificar el aborto como un delito sólo si se llega a realizar después de las 12 primeras semanas de gestación.
Otros elementos que se contemplaban en el oficio eran las sanciones de entre seis meses a un año de prisión, y de 10 a 40 días de multa a la mujer que cometiera el delito de aborto, así como a quien llevase a cabo este procedimiento sin el consentimiento de ella. Por otro lado, a quien forzara a alguna mujer a abortar se le impondría una pena de entre seis y siete años de cárcel o una multa de 40 a 150 días.
De haber despenalizado el aborto, Hidalgo se habría convertido en el tercer estado de México que tomara esa decisión. A finales de septiembre, el Congreso de Oaxaca aprobó la medida y se sumó a Ciudad de México, que despenalizó el aborto desde 2007.
En los otros 30 estados mexicanos, el aborto se permite sólo en casos de violación o peligro de vida de la mujer, pero en el también central estado de Guanajuato, esta práctica se castiga hasta con 30 años de cárcel.
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