(Foto: cortesía)
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Con admiración y respeto a la familia LeBarón, acompañándolos en su dolor

El martes 26 de noviembre el periodista Bill O’Reilly le preguntó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Va usted a nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas?” A lo que Trump contestó: “Los designaré, absolutamente. He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. La designación no es tan fácil, debe pasar por un proceso y estamos de lleno en ese proceso.”

La respuesta se dio después de un intercambio previo en el que ambos personajes se lamentaban de que “los cárteles mexicanos de las drogas mataban más de 100,000 estadounidenses cada año mediante la importación de peligrosos narcóticos” y que dicho impacto se multiplicaba por 10 debido a la cantidad de familias destruidas por el fenómeno de la drogadicción.

La respuesta del gobierno mexicano se dio a través de un tuit del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard: “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a EU así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional”.

Posteriormente, mediante un comunicado de la SRE se informó que “ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio.” Además de que el Secretario Ebrard “establecerá contacto con su homologo, Michael Pompeo, a fin de discutir este tema de suma relevancia para la relación bilateral” mediante un “encuentro de alto nivel a la brevedad posible para presentar la posición de México y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos.”

Dos días antes de estas declaraciones que detonaron una vorágine en redes sociales, el pasado 24 de noviembre, las familias Johnson, Langford, Miller y Lebaron solicitaron formalmente a la Casa Blanca que designe a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras debido a que según dice la justificación de la solicitud en petitions.whitehouse.gov: “Los carteles controlan el flujo de opioides, heroína, metanfetamina, cocaína, el ultra-mortal fentanilo y todas las otras drogas ilegales que son traficadas a Estados Unidos desde México. (...)Buscan el poder político para crear un narco-Estado en México. (...) Son terroristas, y es tiempo de reconocerlos como tales!.”

Como antecedente, el 17 de noviembre las familias mormonas le enviaron una carta a Trump a través del gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum en la que aseguran que “la masacre de La Mora se ha convertido en un llamado a unir a todos para defender la paz y la seguridad no sólo de Estados Unidos, sino también de México.” Además de que sugerían marchar hasta Washington para buscar una audiencia con el Presidente Trump, iniciativa que después se replanteó.

Este activismo se explica por el terrible ataque del 4 de noviembre contra tres camionetas de la familia en el que murieron tres mujeres, seis niños y fueron heridos cinco niños en la comunidad de La Mora del municipio de Bavispe, Sonora.

A un auto lo balearon e incineraron con una mujer y cuatro niños dentro; en el segundo vehículo a 18 km. se encontró asesinada a otra mujer y dos niños; y 2 km. más adelante estaba el tercer vehículo con la la tercera víctima adulta. En la reconstrucción de los hechos se hallaron 200 casquillos utilizados en la masacre y motivó que el 11 de noviembre llegó a México un nutrido equipo de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para acompañar a las autoridades en las investigaciones.

A consecuencia de este lamentable hecho, los senadores republicanos estadounidenses Tom Cotton de Arkansas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, expusieron la importancia de catalogar a los “cárteles mexicanos” como organizaciones terroristas externas (FTO) para defender la vida de los ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano. Por su parte, el presidente Trump, respondió a los hechos con un tuit del 5 de noviembre que decía: ”Si México necesita o requiere ayuda para limpiar a estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva.”

A lo que Alejandro LeBarón el activista mexicano familiar de las víctimas de La Mora contestó: “¿Quiere ayudar? Céntrese en reducir el consumo de drogas en EU ¿Desea ayudar un poco más? Evite que la ATF y la Ley de Armas inyecten sistemáticamente armas de alta potencia en México... Por favor, ayude.”

Finalmente, en otros eventos en el estado de Tamaulipas, una familia fue atacada y asesinaron a tres personas e hirieron a otras cuatro el 25 de noviembre en Reynosa y días antes el día 20 un grupo armado incendió cuatro viviendas en la comunidad de Río Bravo; evento que motivó a que el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca identificara como “narcoterrorismo” el comportamiento criminal debido a la intención de “provocar el caos, el pánico, la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror”.

Mas allá del debate político sobre si catalogar o no a estas acciones y a estos grupos como terroristas, es claro que hay un clima de miedo muy extendido en la sociedad mexicana y estos ejemplos sirven para ilustrar que los altos niveles de violencia en distintas y extensas regiones de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, entre otros estados; se ven alimentados por la política de no agresión del gobierno federal que permite de facto que impere la ley del más fuerte que son los grupos de la delincuencia organizada en áreas con poca presencia del Estado en cualquiera de sus dimensiones, ya sea federal, estatal o municipal.

Este vacío, desafortunadamente propicia que estos grupos que tienen presencia y control de estas regiones hagan un uso sistemáticamente mayor de la violencia, hacia dentro de los grupos para mantener el miedo y la filiación en sus filas, entre los distintos grupos para defender las plazas y rutas de sus negocios ilícitos, y hacia afuera en contra de las autoridades políticas y de seguridad pública como un mensaje de fuerza para disuadir la persecución de sus agremiados; dejando a la población civil a merced y como moneda de cambio de esta espiral de violencia.

Está cada vez más claro que si el Estado mexicano en cualquiera de sus ordenes ya sea federal, estatal o local; o brazos, entiéndase ejecutivos y legislativos, pero sobre todo judiciales, no ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza y busca aplicar el imperio de la ley, ese vacío será cubierto por otros actores, ya sea la delincuencia organizada o las agencias de Estados Unidos.

Si bien, el último comentario de Trump puede ser interpretado más en la lógica político-electoral de mantener la imagen de México como un villano que alimente a su base política previo a su posible reelección en el 2020, que distraiga un poco la atención al impeachment en el que está inmerso, y que proponga temas de conversación en el periodo de Thanksgiving con una alta carga familiar y religiosa en Estados Unidos.

También es un hecho que la violencia en la realidad mexicana está rebasando los límites de la razón y perfila un escenario cada vez más complicado que abrirá frentes de vulnerabilidad a los actores políticos y de seguridad, pero sobre todo pudiera ser el detonante de una sociedad civil que organizada tome esta responsabilidad en sus manos a pesar y en contra el Estado mexicano, abriendo un amplio espectro de ingobernabilidad o de franca balcanización del país.

Aún estamos, como sociedad, a tiempo de contrarrestar este escenario catastrófico tejiendo una red de colaboración entre autoridades y actores civiles propositivos a favor del civismo, la legalidad y procuración de justicia a nivel nacional. Una construcción de un verdadero estado de derecho que con base en la seguridad, permita prosperar a la sociedad y avanzar los programas sociales tan necesarios en nuestro país.

Este es el sentido de la carta del 11 de noviembre de Adriana Jones, parte de la familia LeBarón, le dirige al presidente López Obrador en la que pregunta: “¿Qué ha sido de nuestro México si una mujer puede salir de su casa en una mañana normal, a plena luz del día y ser asesinada a tiros y quemada con sus cuatro hijos a 6 kilometros de su casa? (...) Las madres de México deberían poder decirles a sus hijos que están a salvo, nosotras queremos decirles a nuestros hijos que son libres de ir y crear un mundo mejor, donde puedan crecer, prosperar, y vivir su vida en paz.(...)

Un país no puede crear el tipo de cambio social que nuestro presidente está tratando de crear si vive en constante terror. (...) No estamos luchando contra los carteles; estamos luchando por nuestro derecho a la vida, la libertad, la paz y la prosperidad. (...)

Ayúdenos a salvar a nuestro México.”

La invitación está abierta y debería ser aceptada.

*Analista en Risko Consultores, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C.

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