Cuáles son las propuestas de México a EEUU para frenar el tráfico de armas

Durante una reunión binacional para avanzar en la estrategia que frene el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México se presentó un catálogo de las armas más comunes que utilizan la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico en nuestro país.

Las armas largas más comunes en México son: las ametralladoras Browning M2, cal .50; el fusil Barret, cal .50; y los fusiles AK-47, conocido como “cuerno de chivo”, y AR-15, todas fabricadas en Estados Unidos.

Siete de cada 10 armas utilizadas por integrantes del crimen organizado en México provienen de EEUU.

Este jueves en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se llevó a cabo una reunión de seguimiento del subgrupo de tráfico de armas del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la estrategia binacional para frenar el tráfico ilícito de armas en la frontera entre ambos países.

Se compartió que durante la presente administración federal se han asegurado 7,432 armas de alto poder y se hizo alusión a la capacidad de fuego de los grupos criminales abastecida por el tráfico ilícito de armas provenientes de la Unión Americana, el mayor productor de arsenales en el mundo.

Y que este poder destructor quedó de manifiesto en los recientes hechos de violencia cuando el Cártel de Sinaloa hizo gala de su poderoso arsenal para impedir la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, en Culiacán el 17 de octubre pasado.

En la reunión de alto nivel, el gobierno mexicano compartió evidencia empírica sobre la intrínseca relación entre el tráfico de armas desde Estados Unidos y el aumento en el número de homicidios dolosos en su territorio.

De la misma manera presentó un mapeo de los puntos fronterizos por los cuales entran armas a nuestro país, con el objetivo de establecer cuáles son las redes de venta, distribución e introducción a México.

Se dio lectura a la propuesta mexicana de acuerdo bilateral para combatir el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones con el que se institucionalizaría el intercambio de información y establecería un marco jurídico bilateral para realizar acciones de combate al tráfico ilícito de armas.

La propuesta de iniciativa, de la más alta prioridad para México, sugiere la utilización de tecnología para impedir el acceso de armas a nuestro país en todos los puntos fronterizos. Inicialmente se propone llevar a cabo estas inspecciones en: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Ciudad Reynosa y Brownsville-Matamoros.

Agrega que adicionalmente, se fortalecerán las acciones de seguridad perimetral que están a cargo de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y las policías estatales.

Se estableció que el tráfico ilícito de armas de fuego amenaza la seguridad y los intereses tanto de México como de Estados Unidos, por lo que resulta esencial reducir el poder de fuego de los delincuentes, y para proteger la vida, la seguridad y la integridad de los ciudadanos en ambos lados de la frontera, es fundamental atacar este fenómeno de forma integral, efectiva y conjunta.

Por parte del Gobierno de México asistieron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y Marina, José Rafael Ojeda, y Audomaro Martínez, en su calidad de secretario técnico del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG). Además, acudieron representantes de la Guardia Nacional, el CNI, la FGR y el SAT, así como funcionarios de la SRE y de la SSPC. Por parte de Estados Unidos asistieron el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y el ministro-consejero de la Embajada, John Creamer, así como representantes de las agencias de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL).

Cabe recordar que de 2006 a 2001, se llevó a cabo el falido operativo “Rápido y Furioso” de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en colaboración con algunos vendedores legales de armas, mediante los cuales ingresaron ilegalmente más de dos mil armas a México que terminaron en manos del crimen organizado, dejando al descubierto, la vulnerabilidad y unilateralidad de las políticas estadunidenses en cuanto al tráfico de armas.

La ATF supuestamente rastreó dichas armas de compradores minoristas a quienes consideraba proveedores ilegales de los cárteles del narcotráfico mexicanos.

El problema fue que se perdió el rastro de cerca de 2,000 armas de fuego del programa y algunas de ellas aparecieron en escenas de crímenes, como el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian A. Terry, asesinado en diciembre de 2010 en Arizona, lo que desató un escándalo en ese país.

La operación “Rápido y Furioso” fue “supervisada de manera irresponsable” por la ATF y la Fiscalía de Phoenix, según concluyó un reporte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de ese país.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmó que las armas utilizadas en el llamado “culiacanazo” y en el ataque a la familia LeBarón, que dejó tres mujeres y seis niños muertos, provienen de Estados Unidos.

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