Urgen a la ONU trazar ruta para atender crisis de desapariciones forzadas en México a un mes de que se activó el Artículo 34

Los colectivos piden trasladar urgentemente el caso, plazos claros y participación de víctimas en el proceso

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El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil Idheas. (Infobae-Itzallana)
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional, elevando la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y señalando indicios de crímenes de lesa humanidad, según la asociación civil Idheas. (Infobae-Itzallana)

Más de 200 organizaciones, activistas y familiares de personas desaparecidas publicaron una carta dirigida a Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para solicitar que de manera urgente se trace una ruta para atender la crisis de desaparición forzada en México

Esto a poco más de un mes de que se activó el Artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.

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La demanda, plasmada en una carta dirigida a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, acusa la ausencia de respuestas estatales suficientes y advierte que el tiempo es el mayor enemigo de las víctimas.

En el documento difundido en redes sociales, recordaron que el pasado 2 de abril de 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada notificó la decisión inédita de trasladar el caso de México a la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático.

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“La urgencia no es una palabra retórica; es afirmar que el tiempo es nuestro peor enemigo”, se lee en la carta firmada por colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y Fundación para la Justicia.

Recalcaron que en México se contabilizan más de 132 mil personas desaparecidas y al menos 70 mil restos humanos sin identificar, según la comunicación enviada a la ONU.

En este sentido, las familias de las víctimas enfatizaron que la desaparición es un delito continuo, que afecta tanto a los ausentes como a sus seres queridos, quienes enfrentan estigmatización institucional y social mientras mantienen la búsqueda.

Por ello, los colectivos solicitaron a la oficina de Guterres que traslade de inmediato el asunto a la Asamblea General, siguiendo el mandato de urgencia del Artículo 34.

También exigen transparencia sobre el procedimiento, la publicación de información clara y accesible sobre los mecanismos de recepción, y la definición de plazos para la inclusión del tema en la agenda del periodo de sesiones.

Las organizaciones piden establecer canales para asegurar la participación de familiares y colectivos de víctimas en el seguimiento del proceso ante la Asamblea General.

“Las madres y familiares no percibimos indicios claros de que se vaya a obtener verdad y justicia sin la actuación indispensable y urgente de la Asamblea General para ordenar soluciones efectivas”, indican en la carta.

Señalan momento definitorio

Las familias y colectivos subrayan que es la primera vez que se activa el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Advierten que lo que resuelva la Asamblea General respecto a México servirá como referencia internacional para la protección de personas en futuros contextos.

Entre las agrupaciones firmantes figuran Familias unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas AC, Buscando con el corazón, De pie Hasta Encontrarte Guanajuato, Colectivo Buscadoras Guanajuato, Tu Ausencia Nos Unió Zacatecas A.C, H.I.J.O.S. México, Victimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Madres Buscadoras de río grande, entre otras.

También se suman familiares como Nancy Elizabeth Ramón Hernández, Yolanda Vargas González y Juana María Castillo Gallegos.

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