Martes 8 de octubre de 2019. Alrededor de las 15:30 horas son levantados una decena de hombres que estaban anexados en un centro de rehabilitación en el municipio de Abasolo, Guanajuato. Según un video que circuló en redes sociales, al lugar llegaron al menos dos vehículos con gente armada.
Mientras las unidades bloqueaban el acceso a ese tramo del sitio, un comando de cuatro o cinco hombres apuntaban con armas largas y resguardaban el lugar.
No era algo absolutamente insólito en ese momento, pero la cantidad de personas secuestradas, el lugar, la hora y la acción, hicieron que el episodio tuviese un impacto especial en el pueblo mexicano. El mismo día, unas horas después, fuentes del Ayuntamiento informaron a la población que la noticia que se difundió era falsa.
“No existió ninguna privación de la libertad de ningún ciudadano, ni en el mencionado centro de rehabilitación ni en ningún lugar del municipio, por lo que se pide a la sociedad no caer en pánico”, escribieron.
Estos años en la prensa mexicana han aparecido casi cotidianamente comunicados que dan cuenta de masacres, enfrentamientos y atentados. Se explican mediante una alusión genérica al crimen organizado y muy rara vez aparecen los nombres de las víctimas.
En la semana hubo otros episodios similares. En Morelia, Michoacán, vecinos del fraccionamiento Villas del Pedregal, lograron captar cómo a plena luz del día tres sujetos entraron a una casa para “secuestrar” a un hombre.
En la localidad es común que los vecinos denuncien este tipo de situaciones, incluso ahí mismo se han registrado ejecuciones a manos del crimen organizado, a cuyas víctimas les han dejado narcomensajes.
Aunque se trató de un hecho público, no hubo ninguna paliza mediática contra las autoridades, ni éstas informaron sobre el levantamiento. Asimismo, no existió la intervención de los elementos de seguridad en los hechos.
En ambos casos hay básicamente especulaciones, conjeturas, insinuaciones más o menos directas, enhebradas para relatar una historia coherente, verosímil y típicamente imposible de demostrar.
De acuerdo con la empresa de investigación y análisis, Parametría, los mexicanos están cada vez más dispuestos a soportar al narco con tal de que disminuyan los niveles de violencia en el país.
Durante la llamada guerra contra el narcotráfico, de junio de 2008 a diciembre de 2009, se observó un incremento entre quienes están a favor de sacrificar la legalidad permitiendo la existencia de cárteles con tal de erradicar la violencia.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de enero a agosto de 2019 se cometieron 29,703 delitos de homicidios dolosos, mientras en el mismo periodo, pero en 2018, se contabilizaron 29,241 asesinatos.
La sombra que nadie vio
Por más de 730 días, al menos 21 personas fueron privadas de su libertad por supuestos miembros del Cártel de Sinaloa, quienes bajo la promesa de empleo los llevaron a la zona conocida como La Gallina, en Chihuahua, donde eran obligados a sembrar y a cultivar amapola y marihuana.
El 12 de julio de 2019, la Fiscalía General del Estado anunció el rescate de las personas gracias a la narración de un hombre, quien fue secuestrado por los narcos. Hasta la fecha no hay ningún detenido por el crimen.
La entidad fronteriza de Sonora ha sido una de las regiones que ha vivido en carne propia la escalada de “levantones” en el país. En septiembre, Infobae México informó que la escisión del Cártel de Sinaloa, Los Salazar levantó a un hombre dentro de su propia casa en el municipio de Empalme, luego incendió el inmueble con cuatro personas dentro, dos de ellas menores de edad.
Según los reportes de las autoridades, el sujeto secuestrado fue identificado como José de Jesús, alias “El Pelón”, y trabajador del subcártel. La supuesta narcovenganza resultó en cuatro muertos y el desconocimiento del paradero del hombre levantado.
El mismo brazo armado cometió otro crimen bajo el mismo modus operandi en el municipio de Valle de Guaymas, Sonora, donde levantaron a un sujeto y asesinaron a Francisco Javier Trujillo, de 45 años.
En la reacción oficial hay implícita la fantasía de “la justicia del narco”. La primera hipótesis con la que trabaja la policía, la que se anuncia a los medios en los comunicados de prensa, y la que sirve generalmente para cerrar la investigación, es que las víctimas eran miembros del crimen organizado, lo mismo que sus victimarios.
Nada es puro azar, ni las muertes son gratuitas: los narcos saben a quién matan y saben por qué lo hacen.
En ese sentido, los sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación tienen experiencia. En su lucha encarnizada por los territorios para el trasiego de drogas, los criminales han levantado, torturado y ejecutado a sus rivales.
El más reciente caso que los gatilleros de “El Mencho” se atribuyeron, fue la ejecución del inspector de la policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Yama, a quien supuestamente asesinaron por iniciar una cacería en su contra.
“Tenemos órdenes directas de acabar con el Cártel Jalisco Nueva Generación y asimismo limpiar la plaza para que entren el cártel de Los Rojos”, confesó el inspector antes de su final.
El elemento de seguridad fue secuestrado en la joya mexicana y unos días después, su cuerpo apareció mutilado.
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