El responsable de la unidad de delitos financieros de México quiere interponer cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos presuntamente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela.
Se presentaron denuncias penales contra las empresas y personas ante la oficina del fiscal general de México, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en una entrevista. Nieto dijo que presentó tres acusaciones, lo que elevó el total de firmas y personas a 25, y rehusó dar más detalles sobre la investigación en curso.
El programa de ayuda alimentaria de Venezuela, conocido como CLAP, tiene prácticamente el monopolio sobre los alimentos subsidiados al país sudamericano. México ha acusado a las compañías de usar sus puertos para enviar alimentos de baja calidad a Venezuela a través del CLAP, donde aumentaron los precios más del 100% antes de venderlos a personas hambrientas en el país.
En octubre, la división del crimen organizado de la Fiscalía General de México anunció una multa de US$3 millones a las compañías que envían alimentos a Venezuela para resolver las acusaciones de aumento de precios. Debían pagar la multa a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, como parte de un acuerdo al que llegaron las empresas con la oficina de la Fiscalía General. El responsable de la división en aquel momento, Alonso Israel Lira, dio solo los nombres de las cinco personas que formaron parte del acuerdo. Los detalles clave del acuerdo, incluidos nombres completos de las compañías y sus principales ejecutivos, permanecen sellados por orden judicial.
Nieto rehusó identificar las compañías o individuos contra los que se han presentado las solicitudes de procesamiento judicial, y tampoco concretó si alguna de las compañías formaban del acuerdo el año pasado.
Desde abril, los alimentos destinados al programa CLAP se han estado enviando desde Veracruz, México, hacia la ciudad portuaria de La Guaira, cerca de Caracas, según los documentos de envío. Gran parte de los alimentos continúan procediendo de las mismas empresas mexicanas que suministraron los envíos anteriores. No ha trascendido si alguna de estas compañías están implicadas en las acusaciones de Nieto.
Las compañías han recibido contratos de alimentos del Gobierno por unos US$700 millones desde finales de 2016, que se han cumplido en gran parte con productos de una red de proveedores asociados en México, dijo Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela, en una entrevista a principios de este año.
Ortega huyó de Venezuela a Colombia a finales de 2017 después de criticar públicamente al régimen de Maduro y ser despedida. Desde entonces, ha continuado investigando los programas de alimentos de Venezuela desde Bogotá con varios fiscales que también abandonaron el país.
En 2018, Ortega viajó a México para presionar a la oficina del fiscal general para que investigase las exportaciones de alimentos a Venezuela. Unos meses más tarde, la división de crimen organizado de la oficina anunció las multas a las compañías que envían alimentos a Venezuela a fin de resolver las acusaciones de aumento de precios.
Con información de Bloomberg
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